Por Carlos Arrieta / Corresponsal para Animal Político

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a la exesposa de José Manuel Mireles, Ana Valencia Chávez, por su presunta participación en la comisión de los delitos de lesiones, robo, oposición a trabajos del servicio público y lo que resulte, relacionada en las averiguaciones previas AP/PGR/MICH/A/ 449/2015 y AP/PGR/MICH/U-II/130/2015.

De acuerdo con un informe en poder de Animal Político, la primera denuncia fue presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Agencia única del Ministerio Público Federal con sede en Apatzingán, por los delitos antes citados.

El documento indica que, debido al adeudo de los morosos —que ascendía a más del millón y medio de pesos—, personal de la CFE decidió cortar el servicio en los domicilios de los deudores el 15 de julio de este mismo año.

Resultado de manifestaciones anteriores en ese mismo sentido, las diligencias fueron acompañadas de tres agentes del Ministerio Público federal, tres peritos, cuatro personas operativas y al menos un centenar de militares, quienes realizaron las inspecciones y el levantamiento de actas correspondientes.

En respuesta, Ana Valencia, junto con otro grupo de habitantes del municipio de Tepalcatepec, irrumpieron en las oficinas de la paraestatal en esa región, retuvieron a los trabajadores, exigieron que les condonaran los pagos y el restablecimiento del servicio de electrificación.

Los cerca de 60 inconformes, encabezados por la exesposa del ahora exvocero de las autodefensas, argumentaron tarifas elevadas en el servicio e incapacidad para cubrirlas.

Tras confrontarlos y agredirlos, Rubén Padilla Rosales, así como el personal de la PGR, los peritos y militares, fueron llevados hasta la plaza principal de ese municipio ubicado en el corazón de la Tierra Caliente, donde fue condicionada su liberación por la exesposa de Mireles y demás inconformes.

De acuerdo con las constancias, los servidores públicos fueron impedidos de terminar las diligencias ministeriales, privados de su libertad por varias horas y en algunos casos agredidos físicamente por la turba, hasta que se llegó a un acuerdo con ellos para su liberación.

De estos hechos, se integró de oficio otra Averiguación Previa ante la Agencia Segunda del Ministerio Público Federal de la ciudad de Uruapan por los delitos de lesiones, robo, oposición a trabajos del servicio público y lo que resulte en agravio de los ministerios públicos federales y demás personas que los asistían, señala el documento.

A pesar de los acuerdos alcanzados el 20 de agosto entre Ana Valencia Chávez como representante del grupo de inconformes y autoridades del estado y la federación —de los cuáles este medio también tiene copia en su poder—, dos actuarios más del Poder Judicial fueron agredidos y retenidos por los mismos manifestantes.

Se trata de los actuarios Elsa Samanta Hernández García e Ismael Solano Pacheco, adscritos al Juzgado Segundo Civil con sede en Apatzingán, quiénes entregarían a los deudores del servicio las notificaciones del juicio mercantil promovido por la CFE.

Elsa e Ismael respondían a la solicitud del Juzgado Octavo de Distrito, hecha a la primera instancia, a fin de cumplimentar los medios preparativos del juicio ejecutivo mercantil en contra de los deudores.

En esta ocasión, tuvo que acudir al lugar el secretario técnico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, para que luego de varias horas, su personal pudiera ser liberado.

A decir del informe, por los hechos de violencia antes señalados, no pudieron concretar las notificaciones, por lo que no hubo avances  en las acciones de juicio mercantiles.

“Los hechos perpetrados en contra de los actuarios, son constitutivos de delitos federales, por estar atendiendo un despacho del Poder Judicial de la Federación”, cita el informe de 13 páginas.

Debido a la radicalización de las acciones, al incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades, al incremento del número de deudores que se han sumado al grupo de inconformes y al monto que rebasa actualmente los 120 millones de pesos, el pasado 25 de noviembre, la Delegación de la PGR en Michoacán tenía planeada una reunión con autoridades estatales y federales para determinar el plan de acciones a seguir.

Lo anterior, en específico, con el objeto de establecer la consignación de las averiguaciones previas señaladas y robustecerlas con más elementos proporcionados por la misma Comisión Federal de Electricidad que derive en las órdenes de aprehensión pertinentes en contra de Ana Valencia y al menos 60 personas más, revela el documento.

Por Carlos Arrieta / Corresponsal para Animal Político