La emergencia sanitaria detonada por la aparición del COVID-19 ha trastocado la vida de todos. El trabajo a distancia, la escuela virtual, el lavado de manos y la sanitización constante de quienes tienen que poner un pie en la calle, forma parte de los nuevos hábitos adquiridos. La emergencia sanitaria ha cambiado de tajo planes y prioridades. Ha cambiado también la forma y el fondo de las decisiones.

Los distintos Congresos del mundo no han sido la excepción. Los Congresos están sometidos a las mismas presiones de distanciamiento social. Y sin embargo, su papel se vuelve sumamente relevante para aprobar normas de emergencia, debatir sobre el destino de los presupuestos y sobretodo, vigilar las acciones de gobierno.

Con o sin pandemia, son el contrapeso que evita la concentración de las decisiones en una sola persona. En términos de Madison, son el cuerpo que otorga los controles y equilibrios necesarios para evitar posibles abusos de poder.

Según la Unión Interparlamentaria, organización que agrupa a 179 parlamentos del mundo, los Congresos han decidido tres vías distintas de trabajo: el cierre total de actividades (cuando están en receso), las sesiones virtuales y las sesiones presenciales con restricciones. En todos estos casos se han tenido que aprobar medidas específicas que garantizan la legalidad y ponen a prueba las capacidades tecnológicas.

Nueva Zelanda modificó su forma de operación mediante comités para evitar sesiones plenarias. Gran Bretaña aprobó medidas de emergencia que le permitieron adelantar el receso y continúa con sesiones virtuales. España, Brasil, Bolivia y Argentina, entre otros, han aprobado mecanismos de sesión virtual, mientras que en Canadá el Comité Especial de Salud y Finanzas de la Cámara de los Comunes ha sesionado de manera virtual para darle seguimiento a las medidas adoptadas frente al COVID-19.

¿Qué ha pasado en México? La declaratoria de emergencia sanitaria de fuerza mayor emitida el 30 de marzo hizo que en el Senado se suspendieran los trabajos presenciales y se redujeran al mínimo las actividades parlamentarias. Se permitió que distintas iniciativas de ley fueran recibidas en oficialía de partes.

En la Cámara de diputados, desde el 12 de marzo se anunciaron acciones preventivas. Se suspendieron las sesiones plenarias el 20 de marzo. Pero tanto la Junta de Coordinación Política como la Mesa Directiva aprobaron medidas para continuar sesionando de manera virtual. Las comisiones continuaron con reuniones virtuales.

El pasado 23 de abril, ante la emergencia sanitaria, el Presidente intentó legislar por decreto. Con la publicación de las medidas de austeridad para la administración pública federal se anunció —como sucedió horas más tarde— el envío de una iniciativa de ley que elimina la facultad revisora de la Cámara de Diputados para, en casos de emergencia, otorgar al secretario de Hacienda la posibilidad de reorientar los recursos del presupuesto.

La falta de definiciones sobre qué se considera emergencia, por cuánto tiempo estaría vigente esta medida, cómo se justificarán los ajustes y sobretodo de qué forma se vigilará el buen ejercicio de los recursos es una mala noticia. Con ello, se vulnera la separación de poderes. Se abre el camino a la reconducción caprichosa del gasto.

Es buena noticia que la Cámara de Diputados haya decidido discutir este tema con la mayor seriedad. Que en las filas de Morena —partido mayoritario en ambas Cámaras— haya legisladores que consideran esta iniciativa como excesiva e innecesaria. No lo es que los ritmos legislativos bailen al son de un solo hombre.