En recientes y sucesivas sesiones del Congreso del Estado, presenté a la consideración de los diputados un par de propuestas con sendos puntos de acuerdo. Ambos se refieren al tema de la planeación para el desarrollo. Los dos, sin mediar argumentación o razón alguna, fueron desechados por la mayoría numérica del PRI y sus aliados.

En sentido estricto no fueron desechados tales puntos de acuerdo sino que al negarse la mayoría numérica a entrar a su discusión, tal es el efecto práctico, porque al ser turnados a alguna comisión para su estudio y dictamen, permanecerán ahí hasta las calendas griegas.

En su artículo 180 la Ley Orgánica del Congreso define como “proposición con punto de acuerdo” un asunto específico respecto del cual el diputado que la presente hace un planteamiento y lo que en torno a éste solicita a la asamblea legislativa para su atención. La proposición se puede presentar para darle el trámite conocido como de urgente u obvia resolución. Si así lo acuerda la mayoría se entra a su discusión de inmediato y se resuelve, sí o no, es de aceptarse lo que el diputado peticionario plantea.

El PRI por sistema no acepta que se tramite por la vía de urgente u obvia resolución asunto alguno referido al combate a la corrupción o temas afines. Con toda razón, los considera de alto riesgo y aunque pudiera finalmente desecharlos no acepta siquiera entrar a la discusión del planteamiento. Así es que prefiere no estar de acuerdo en que se considere la solicitud de urgente u obvia resolución, que sólo requiere mayoría simple. En estos casos la votación casi siempre resulta de 13 contra 12 votos.

Pues bien, en una de las sesiones de mayo propuse al Congreso aprobar un punto de acuerdo consistente en convocar a comparecer ante el Pleno al secretario de Finanzas del gobierno del estado. Pero no en su carácter de tal, sino en como secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo de Coahuila, que le confiere el artículo 11, fracción III, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado.

¿A qué obedece tal solicitud? Muy sencillo: porque el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, del actual gobierno estatal, cumplió en abril pasado un año de haber sido aprobado por el Ejecutivo, que es a su vez el responsable de su elaboración y no se conoce qué tanto se avanzó en el cumplimiento de sus objetivos y metas. El Congreso nada sabe al cumplirse su primer año de ejecución.

A diferencia de lo que sucede en otros estados de la República, donde su ley en la materia dispone que cada año el gobierno preparará un informe de ejecución del Plan Estatal para su envío al Congreso, en Coahuila –que es demasiado omisa al respecto– nada previene sobre el particular. Para subsanar dicha omisión es que se propuso la comparecencia del secretario de Finanzas, desechada por los priistas y sus aliadas, las diputadas del PRD y de Morena.

En una siguiente sesión, la última celebrada en mayo, planteé como punto de acuerdo solicitar a la Secretaría Técnica y de Planeación del Gobierno del Estado un informe acerca de las razones por las cuales no se han publicado y dado a conocer los programas sectoriales y especiales del actual gobierno estatal, o bien el grado de avance en la elaboración de los mismos a la fecha.

El sistema de planeación implantado en Coahuila por la ley de la materia arriba mencionada, que sigue en este punto el modelo del sistema nacional de planeación, dispone la elaboración de programas sectoriales, especiales y regionales que se deriven del Plan Estatal (arts. 6 y 26-I, entre otros).

Ordena la ley (art. 22-IV) que dichos programas sectoriales, especiales y regionales deben elaborarse “dentro de los tres meses siguientes a la publicación del Plan Estatal en el periódico oficial del gobierno del estado”, plazo que ya ha transcurrido en exceso. Y que además dichos programas han de publicarse en el periódico oficial (art. 29).

El vigente Plan Estatal de Desarrollo dispone la expedición de 11 programas sectoriales y 10 especiales, ninguno de los cuales ha sido publicado hasta ahora en el periódico oficial del estado, según exhaustiva búsqueda llevada a cabo.

Los 11 programas sectoriales son: 1) Educación, 2) Salud, 3) Desarrollo Económico y Turismo, 4) Inclusión y Desarrollo Social, 5) Medio Ambiente, 6) Desarrollo Rural, 7) Infraestructura, Desarrollo Urbano y Transporte, 8) Seguridad Pública, 9) Fiscalización y Rendición de Cuentas, 10) Trabajo y 11) Cultura.

Bueno, pues los priistas y sus aliados se negaron terminantemente a preguntar al gobierno qué está pasando en cuanto a los programas sectoriales y especiales.

@jagarciavilla