De acuerdo con el texto del artículo cuarto constitucional, en México “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, lo cual implica que el Estado asume la responsabilidad de mantener el estado saludable de todas las personas, con independencia de sus capacidades económicas.

Que la Constitución de nuestro País afirme tal cosa es, desde luego, importante. Pero una cosa es que la Carta Magna esté redactada en ese sentido y otra muy distinta que dicho texto se convierta en realidad de forma automática y para todo mundo.

Un buen ejemplo de esta diferencia es el reporte que publicamos en esta edición, según el cual si enfermamos de COVID-19 las opciones hospitalarias privadas se ubican al alcance solamente de quienes cuentan con los recursos suficientes para cubrir por adelantado fuertes sumas.

En Saltillo, de acuerdo con este reporte, el “depósito” para ser admitidos en un hospital privado puede llegar hasta los 300 mil pesos para un paciente que presente los síntomas de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Claramente se trata de una cantidad que muy pocos tienen.

Para el resto, desde luego, existen las opciones públicas, pero frente a la crisis sanitaria causada por la pandemia, y ante la necesidad de salvar vidas, la disyuntiva no es si a una persona le “corresponde” recibir atención en una institución pública o una privada, sino en dónde se encuentra la mejor atención disponible en el momento necesario.

Lo anterior es tanto más cierto cuando, de acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG, de la Secretaría de Salud federal, ayer había al menos tres hospitales públicos en Coahuila cuya ocupación llegaba al 100 por ciento, razón por la cual no podían recibir más pacientes.

Como ya ocurrió en el pasado reciente, lo que se requiere en una situación como esta es que el Estado asuma la responsabilidad constitucional que tiene de proteger la salud de todas las personas e implementar las acciones necesarias para que nadie se quede sin la posibilidad de recibir la mejor atención médica disponible.

Estamos en una situación de emergencia y, ante esas circunstancias, no es posible aplicar “reglas de mercado” a la atención médica. Es decir, no podemos plantearnos que la diferencia entre vivir y morir sea el que contemos o no con los recursos para pagar una “cuota de ingreso” a un hospital.

Tampoco se puede imponer a los hospitales privados la obligación de atender a todo mundo sin que, al menos, sus costos de operación sean cubiertos. La respuesta se encuentra a medio camino entre los dos extremos: no se trata de lucrar con la atención de la salud en un momento de crisis, pero tampoco de operar por debajo de los costos mínimos.

De lo que se trata de es leer con tino la situación del momento y desplegar una política que evite seguir acumulando muertos en la ya muy larga lista de víctimas de esta pandemia. Y para eso se requiere entender, en el sentido más amplio posible, la obligación estatal de proteger la salud de todos.