Ginebra. La ONU solicitó hoy al gobierno de Honduras que proteja de forma inmediata al activista mexicano Gustavo Castro Soto, que fue testigo del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, y se le permita regresar a su país.

El relator especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst, pidió a las autoridades hondureñas "garantizar que la vida del Sr. Castro Soto no corra más riesgos".

En un comunicado, Forst manifestó preocupación por la seguridad de Castro Soto, quien se encontraba en la casa de Cáceres en la localidad de La Esperanza cuando fue asesinada el 3 de marzo por personas armadas. El mexicano resultó herido en el ataque.

Tras el incidente, las autoridades hondureñas interceptaron al activista en el Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa cuando éste quería abordar el avión de regreso a México la madrugada del domingo y emitieron una alerta migratoria por 30 días, que sin embargo aún está pendiente de confirmación.

El relator especial de la ONU consideró que el asesinato de Cáceres es una trágica llamada de atención al Estado hondureño para que prevenga estos actos de violencia y proteja a los defensores de derechos humanos llevando a los responsables ante la justicia.

Previamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México había pedido emitir medidas cautelares para la protección de Castro Soto.

Forst también instó al Gobierno de Honduras a investigar de forma "inmediata, independiente e imparcial" el asesinato de la dirigente indígena.

Cáceres, de 45 años, dedicó su vida a la defensa de los indígenas lencas y fue asesinada en las primeras horas del jueves en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, por sicarios que irrumpieron violentamente en su residencia y la atacaron a balazos.

La dirigente era coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (Copinh), que aglutina a la mayoría de las tribus lencas, la principal etnia del país con 400.000 miembros.

El pedido de Forst fue apoyado por el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derechos a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox.