La credibilidad de México anda por los suelos. Naciones Unidas, por segunda vez en un mes, ha lanzado una advertencia contra el país por su incapacidad para imponer la justicia en asuntos de derechos humanos. Si en abril le llegó un varapalo por su gestión de Iguala, ahora le ha tocado el turno a la matanza de Tlatlaya. La reciente exoneración de los militares implicados en la supuesta “ejecución extrajudicial” de al menos 12 civiles ha llevado al Alto Comisionado de Naciones Unidas ha declararse “profundamente preocupado” por la “impunidad” y a tocar la fibra más sensible del Estado mexicano: las Fuerzas Armadas. En una inhabitual declaración, la ONU exige que se investigue a los “altos mandos” por su posible participación en las muertes y su encubrimiento.

El golpe de la ONU ha retumbado en México. El caso Tlatlaya ha puesto en cuestión el papel del Ejército en la lucha contra el narco y, a la par, la capacidad de las autoridades para someter al mando militar. Con 50.000 soldados destinados al combate del crimen organizado, las fuerzas armadas se han convertido en la piedra angular de la estrategia de seguridad, pero también, como ha denunciado reiteradas veces Naciones Unidas, en una fuente inagotable de abusos. Pese a ello. Son extraordinariamente escasos los sumarios abiertos contra miembros del alto mando.

La actual polémica se remonta a la madrugada del 1 de julio de 2014, en Tlatlaya, en el Estado de México. Esa noche 22 civiles, en su mayoría supuestos integrantes de la narco, murieron a manos de los militares. Extrañamente ningún soldado cayó. En un primer momento, la versión oficial señaló que se había tratado de un enfrentamiento y que el Ejército simplemente había respondido al ataque de los sicarios. A los tres meses, la declaración de una superviviente, madre de una de las víctimas, señaló que los militares habían asesinado a gran parte de los narcos a sangre fría. Una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que, tras rendirse, entre 12 y 15 civiles habían sido ultimados por los soldados.

La Procuraduría General de la República, después de un accidentado proceso, acusó a tres soldados de homicidio, encubrimiento y de haber alterado la escena del crimen. El viernes de la semana pasada, el juez federal que instruía el caso exoneró a los implicados por falta de pruebas incriminatorias.

La decisión judicial volvió a abrir el abanico de la desconfianza. Los abogados acusadores señalaron que el juez había desestimado los testimonios de los testigos por contradicciones menores. A sus quejas se ha sumado ahora la ONU. El Alto Comisionado de Derechos Humanos hace en su declaración un llamamiento a que se “asegure una investigación rigurosa, efectiva, imparcial, independiente y rápida”. En este punto, una obviedad para cualquier Estado democrático, es donde Naciones Unidas asesta la estocada más dolorosa para el Gobierno mexicano y apunta directamente a la jerarquía militar. “Las investigaciones deben ser ampliadas para abarcar a todos aquellos que resulten responsables, incluyendo a altos mandos militares que pueden haber tenido responsabilidad de mando, así como a aquellos que habrían alterado la escena del crimen o hubieran ordenado esa alteración”.

La advertencia llega en un momento especialmente delicado para las Fuerzas Armadas. Las continuas de denuncias de abusos y la proliferación de vídeos en los que se aprecian torturas perpetradas por militares, han puesto al alto mando contra las cuerdas hasta el punto de que en abril pasado, el propio secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, pidió disculpas públicas y prometió perseguirlos implacablemente. Un cambio de rumbo inédito que ahora vuelve a ponerse a prueba con el caso Tlatlaya.