Un referente importante de cualquier país que vive en democracia, que la valora y la defiende, es lograr una estabilidad política, es decir, que el sistema político conducido en gran medida por la gestión del gobierno en turno cumpla con al menos, tres características fundamentales: que el gobierno goce de legitimidad, sea efectivo y genere las condiciones de estabilidad social, económica y democrática.

En México, el gobierno de la República goza de legitimidad luego de unos resultados por demás contundentes registrados en la elección de 2018. Así, en una democracia los actores que compiten en igualdad de circunstancias por alcanzar el poder político deben reconocer cuando el voto ciudadano les favorece de acuerdo a lo que dictaminen las autoridades electorales; en tanto, los que no tuvieron la suficiente fuerza del electorado tendrían dos opciones, ser prudentes ante el resultado electoral si este no les favorece y, en su caso, recurrir a las instancias jurisdiccionales para hacer valer sus derechos por los conductos institucionales, o bien, reconocer el triunfo de su oponente. Ambas posturas pudimos observarlas en dicha elección lo que demostró que los que no lograron alzarse con el triunfo electoral entendieron el andamiaje de las reglas electorales y que su posicionamiento resultaba clave justamente para la estabilidad política y social de nuestro país.

La estabilidad política también se construye con otros componentes, como el económico y el social, por ejemplo. En la parte económica, el Banco de América tiene un pronóstico de que México vivirá una contracción del Producto Interno Bruto del 10%; el Banco de México ha señalado que la economía puede contraerse entre el 4.6% y hasta el 8.8%, en tanto que la Secretaría de Hacienda con estimaciones más favorables considera una caída de hasta el 3.9%.

Es importante señalar que, en alguna medida, estos números se deben a la presente pandemia del coronavirus, aunque México ya vivía una especie de recesión técnica antes de que dicho problema de salud nos invadiera.

Ahora bien, de acuerdo con el Inegi 12 millones de personas económicamente activas dejaron de trabajar temporalmente debido principalmente por la crisis del coronavirus.  Esta situación, que deja a la población sin un ingreso genera de acuerdo con la Asociación Psicológica Americana, diversos problemas tales como la depresión, ansiedad, baja estima, entre otros.

En razón de los aspectos brevemente indicados, nuestro gobierno está obligado a generar las condiciones adecuadas para que toda la población tenga la esperanza de que, a pesar de la situación adversa por la que pasamos, fluirá un mejor futuro.  Justamente la esperanza puede ser un aliento para cualquier gobierno, pero no es permanente.

Por ello, es indispensable terminar tanto con el discurso como con las acciones que polarizan a la población. Una sociedad que se polariza políticamente tiende a dividirse en varios segmentos; la polarización no permite generar acuerdos, consensos, proyectos e inercias que estén encaminadas hacia un mismo sentido. La polarización genera enfrentamientos, acusaciones, denuncias, reclamos y otros aspectos que encierran a una sociedad en una gran incertidumbre.  Una sociedad polarizada, además de dividida, no camina, no avanza, se enfrenta y se radicaliza.

Justo en este momento, en que estamos a menos de un año de la jornada electoral más grande que ha tenido nuestro país, en donde se renovará la Cámara de Diputados; habrá elecciones para elegir a 15 gobernadores; en 30 entidades habrá elección de ayuntamientos, y en 30 Estados se renovarán los Congresos locales, el gobierno está obligado a generar las condiciones de equidad para cumplir con el último elemento de estabilidad política: la democrática.

Por esta razón, un gobierno no puede ni debe dividir ni confrontar, el resultado en otras latitudes de la confrontación demuestra que, al final, nadie se erige como vencedor. 

Un gobierno emanado democráticamente de las urnas debe convertirse en el principal indicador de estabilidad política.

@fdodiaznaranjo