Por estos días, querido lector, lectora, estoy explorando la posibilidad de abrir una segunda oficina en la calle de “Constituyentes”. Si yo “habito”, como periodista, en “Campos Elíseos”, ahora (si el voto de los habitantes de la Ciudad de México me favorece, una frase que jamás pensé escribir en primera persona) podría ser una de las diputadas que discutan y finalmente aprueben la primera Constitución de la capital de la República.

Le cuento que es muy probable que sí lo sea: encabezo la lista de 60 personas que propone el PRD. Lo hago, como otros y otras, en calidad de externa y ciudadana. No pertenezco a ese partido ni a ningún otro.

¿Qué planeo hacer yo en esta columna semanal? Contar mi experiencia personal y explicar este proceso. Es una enorme oportunidad como periodista ser parte de este esfuerzo, hacerlo como ciudadana y como activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Sería un trabajo honorario, sin paga, que tiene una fecha de caducidad muy clara, cuatro meses y medio: participar en una Asamblea específica para redactar la Constitución que se instalará el 15 de septiembre, que tendrá que discutir y votar el texto para terminarlo en enero. La apuesta es que se promulgue en febrero de 2017, para que coincida con el centenario de la Constitución de 1917, nuestra Constitución federal.

En estos días de contingencia ambiental, por el Hoy no Circula, tomé un taxi. El chofer que me llevó a donde iba se llama Jorge. Como muchos taxistas de toda gran ciudad tiene una opinión fuerte y clara de muchos temas políticos, incluyendo el cambio del nombre de Distrito Federal a Ciudad de México. Una opinión, por cierto, nada favorable que me compartió. Para él, me dijo en el largo trayecto hecho en medio de un tránsito espantoso, todo era un diseño maquiavélico de la clase política lejanísima a la sociedad para cobrar más dinero. Eso en resumen, pues.

“¿Para qué me sirve a mí que cambie el nombre y que haya una Constitución?”, me dijo, molesto mientras circulábamos de manera muy lenta, curiosamente, por Constituyentes. Sé que es una percepción que comparten muchos habitantes, que además comprendo perfectamente: los ciudadanos estamos hartos de una clase política que parece no escucharnos, que no fácilmente nos habla de manera cercana.

Entonces, creo que eso es lo primero que hay que explicar: por qué se hizo, para qué sirve, por qué es importante. También cómo se va a integrar esta Asamblea Constituyente: mediante una mezcla de voto y de designaciones que, la verdad, provoca muchas críticas y con razón. Digamos que un ejemplo de democracia en pleno siglo XXI no es que el 40 por ciento de los 100 constituyentes sean designados por diversos dedazos, digo, poderes. Y además con tantos topes que se les puso a candidatos ciudadanos (hoy, domingo, sabemos quiénes son).

¿De qué me servirá tener una Constitución? Para responder a esa pregunta hay que contar, si bien a vuelapluma, un poco de historia. Esto es parte de un proceso y no una idea que de pronto tuvieron los políticos hoy y que se logró la Reforma Política del Distrito Federal.

Hace apenas 19 años que los habitantes de esta ciudad podemos votar por nuestras autoridades. Antes, quizá los jóvenes no lo recuerden, el Presidente designaba al jefe del “Departamento del Distrito Federal” (esas siglas DDF, aún están, por ejemplo, en coladeras de la ciudad). Los jefes delegacionales también eran designados.

El logro de votar por nuestras autoridades no fue fácil. Fue fruto de una negociación difícil que se dio en 1996 y que permitió que fuéramos a las urnas en 1997 para elegir a nuestro primer jefe de gobierno: Cuauhtémoc Cárdenas.

Esta misma elección también fue resultado de un proceso democrático que costó a muchas personas. Como cuando tras el terremoto de 1985, las autoridades se quedaron pasmadas y fueron los ciudadanos los que se organizaron para atender la emergencia; cuando se hizo un plebiscito en 1993, y el 21 de agosto de 1994, se eligieron a los primeros 66 representantes de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que no podían aún hacer leyes pero sí aprobar las leyes de ingresos y egresos. Antes de eso, y desde 1928, los habitantes de la ciudad sólo podían votar por Presidente, senadores y diputados federales.
Pero intentos que los chilangos, citadinos, o mexiqueños hicieron e hicimos por tener más derechos políticos empezó mucho antes. Hubo cantidad de esfuerzos previos y con fechas lejanas. En la discusión de la Constitución de 1857 se propuso que fuéramos el Estado del Valle de México. ¿Sabían que en 1808, el ayuntamiento de la Ciudad de México fue de los primeros en buscar la independencia de España con el síndico Francisco Primo de Verdad al frente?

Es decir: esto no es nuevo. Historia hay y mucha. Sólo mencioné pinceladas

Pero a pesar de todos los avances, aún los habitantes de la ciudad de México tenemos un déficit de representación democrática. ¿Qué, qué, Katia? Es decir: aún no tenemos los mismos derechos que otros habitantes del país y eso es lo que se resuelve con la Reforma Política del Distrito Federal que al fin se aprobó en el 15 de diciembre de 2015.

Aunque no somos un estado, sí una entidad que tendrá alcaldías, por ejemplo. Y podría tener más de las 16 delegaciones. Estas alcaldías tendrán cabildos y representantes populares. Todo lo deberá regular la Constitución en la que hay que plasmar derechos y claro, obligaciones.

Hay todo por decidir: la organización de los poderes mismos, las funciones del Jefe de Gobierno, métodos de democracia participativa, controles claros, transparencia, no corrupción. Es muy importante ver cómo se diseña que los derechos que ahí se plasmen --y que deben ser amplios y profundamente inclusivos, que contemplen a todos los habitantes de la ciudad con un principio claro de no discriminación por ninguna condición--- podrán exigirse por ciudadanos de a pie como usted o yo (que no queden sólo en un papel). La Constitución será la máxima ley de la ciudad y con base en ella toda ley deberá revisarse.

Creo que también debe ser una Constitución accesible, de fácil lectura: que todo ciudadano entienda. Y no un código de la desconfianza, complicado e inentendible para muchos.

Quizá usted sea de los que digan: no quiero más burocracia; no creo en ella. He escuchado mucho ese argumento. Sin embargo --ya será motivo de otra columna-- sólo apunto esto: creo que también tenemos que hacer una crítica a nuestro papel de ciudadanos. Si tenemos más derechos, más nos vale ejercerlos. Tenemos que exigir más.
 
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