En Coahuila estamos inmersos en un proceso electoral desde hace 27 días (oficialmente, aunque inició mucho antes en la praxis). Eso significa que, de ahora en adelante y hasta el 4 de junio de 2017, fecha para elegir Gobernador, renovar los 38 ayuntamientos y las 25 curules del Congreso Estatal, cualquier cantidad de llamadas telefónicas intervenidas a ciudadanos pueden aparecer por generación espontánea para contaminar el ambiente político.

Lo sabe usted, lo sabemos todos. La pregunta es ¿por qué nos resulta normal que suceda eso?, ¿por qué no calificamos dichas conductas como lo que son, un delito, en lugar de considerarlas parte del folclore?

Espiar comunicaciones privadas exhibe lo peor de los regímenes autoritarios. Intrusivos. Violatorios de los más elementales derechos humanos.

Además de obtener información por medios ilegales, lo cual es aberrante por sí mismo, el tratamiento y la interpretación posterior que se le da con fines infamantes habla de la bajeza de las personas que intervienen en ello. No es transparencia, es ruin. Y absolutamente condenable.

Sin embargo, el fenómeno funciona de manera peculiar. Casi nunca se cuestiona quién obtuvo esa conversación grabada y por qué medios, sino que directamente se enjuician los hechos motivo del espionaje desde un terreno moral poco congruente.

Nada nos mueve tanto como el chisme y un Gran Hermano sin escrúpulos lo sabe. Tan fácil como abrir un canal en la plataforma de videos YouTube, y que una mano anónima ponga a circular la información en el espacio digital. El morbo se encarga de lo demás.

Que si a Guadiana su esposa le dijo tal cosa, o que si el Cronista de la Ciudad habló al secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, para agradecer un depósito bancario acapara tanto la atención que se pierden de vista los detalles importantes.

No se trata de un tema menor. Por el contrario, obliga a un replanteamiento general de las cosas, a un debate deontológico. ¿Por qué los valores ya no importan como aparentemente sí importaban hace unos años?, ¿cuándo se volvió más importante ganar un like en redes sociales o acarrear visitas a un sitio web a costa de la vida de terceros?

Probablemente la única acción positiva que ha realizado Isidro López durante su mandato ha sido quejarse públicamente del espionaje, y visibilizar a quien consideró entonces responsable por omisión: Gobierno del Estado, a través de un desplegado que publicó en medios de comunicación en mayo de 2014.

“En Saltillo se violan permanentemente los derechos humanos mediante el espionaje sistemático de conversaciones telefónicas, atropellando la privacidad y la intimidad”, expresó en su día. “Las grabaciones son utilizadas en una campaña difamatoria a base (sic) de medias verdades y mentiras completas, en vísperas (sic) del proceso electoral local”, acusó.

“Preocupa que los recursos públicos destinados a combatir el crimen organizado se pueden estar utilizando para espiar a los ciudadanos y funcionarios con fines políticos”, sentenció. 

Lo negativo fue que a los dos días reculó, y atribuyó la publicación apresurada a su “inexperiencia política”.

Por lo demás, es inevitable voltear hacia quien utiliza equipos de telecomunicaciones con esas características por mandato constitucional. Así, en abril de 2014 por ejemplo, fue adquirida una “plataforma integral de gestión de investigaciones y análisis” para la Unidad Especial de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia, la cual costó 7 millones 290 mil pesos, a la persona moral Piedrasanta, S. de R.L. de C.V.

En agosto del mismo año el Consejo Estatal de Seguridad Pública compró un “equipo de conmutadores para el C4” en 5 millones 686 mil pesos a la persona moral Palo Tinto Networks, S.A de C.V., al estilo del Gobierno que dirige Rubén Moreira: sin licitación, por asignación directa, a proveedores no registrados en el padrón. Finalmente, en 2016, gastaron 8 millones 509 mil pesos en “equipo táctico” adquirido a Comunicación Versátil, S.A. de C.V., descrito como “servidores y equipo de cómputo diverso” para la Dirección de Informática de la Secretaría de Finanzas.

Cortita y al pie
Pero aquí viene lo interesante: ni usted ni yo podemos saber quién y con qué fines utiliza esos aparatos, ni cuáles son sus características, pues, gracias a una solicitud de transparencia, han clasificado como “reservada” esa información como consta en el oficio SEGOB/UTSG/391/2016.

La última y nos vamos
Ahora bien, se ha cuestionado usted por qué los interlocutores nunca se apellidan Moreira, Tobías, Zamora, Luna, Fraustro. ¿No le parece extraño que los espiados siempre sean opositores al grupo en el poder?

@luiscarlosplata