La Secretaría de Hacienda y Crédito Público resistió el freno económico en el país, derivado de la pandemia provocada por el covid-19, recaudando en 2020, 170 mil millones de pesos más de los contribuyentes cumplidos, gracias al endurecimiento de las penas contra los evasores.

Esto además permitió contrarrestar la caída de los ingresos por la venta de hidrocarburos.

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, destacó este hecho como "histórico", toda vez que el Congreso avaló el endurecimiento de la reforma penal fiscal que eleva a "delincuencia organizada" la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Lo anterior obligó a los grandes, medianos y pequeños contribuyentes del país a cumplir con sus responsabilidades fiscales, evitando "el colapso económico del país".

De acuerdo con la nueva Reforma Penal Fiscal los evasores fiscales podrían alcanzar prisión preventiva oficiosa y una pena de hasta 13 años de cárcel, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, equiparado a delincuencia organizada.

Los recursos provenientes de los contribuyentes, hicieron frente a los 183 mil 342 millones de pesos que dejó de recibir la hacienda pública por la caída en la venta de hidrocarburos y electricidad.

La dependencia que encabeza Arturo Herrera proyectó una recaudación para 2020 de 5 billones 339 mil 934 millones de pesos, sin embargo, el monto fue inferior por 183 mil 342 millones de pesos, es decir 4.1 por ciento menos.

"Esto se debió principalmente al impacto desproporcionado de la pandemia y de las medidas para contenerla sobre las ventas de hidrocarburos y combustibles de Pemex; en segunda instancia, al impacto de la suspensión de actividades sobre las ventas de electricidad de la CFE", detalla Hacienda.

Asimismo, lo atribuyen al efecto de la reducción del empleo formal sobre las cuotas que recibe el IMSS.

Otras crisis, otras medidas

En anteriores crisis financieras los ingresos a las arcas hacendarias cayeron al grado de que sus respectivos gobiernos implementaron medidas extraordinarias, como elevar y crear impuestos.

Derivado de la crisis de 1994, el país tuvo una caída en sus ingresos de 350 mil millones de pesos, lo que provocó que el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, incrementara la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) de 10 a 15 por ciento en las ciudades del interior del país, mientras que en las poblaciones fronterizas se mantuvo en 10 por ciento.

Asimismo, se activó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), con lo que se compró deudas a los bancos con el objetivo de tener un “colchón” de dinero en caso de enfrentar una crisis económica.

Las medidas emergentes de la administración federal sirvieron para reactivar de manera gradual y sanar las finanzas del país.

Mientras que la crisis económica de 2008, también tumbó la recaudación en 350 mil millones de pesos, lo que orilló al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón al aumento y creación de impuestos.

El IVA pasó del 15 al 16 por ciento y al ISR del 28 al 30 por ciento. También se avaló el 3 por ciento a los depósitos en efectivo superiores a los 15 mil pesos.

Y un impuesto del 3 por ciento sobre los servicios de telecomunicaciones. En 2010, el ex presidente Calderón justificó que elevar los impuestos al consumo es una buena manera para México de subir su recaudación y reducir su dependencia de los volátiles precios internacionales del petróleo.

En una entrevista con Reuters dijo que "estoy convencido que debe haber una tendencia a eliminar las excepciones en materia fiscal, que siguen generándole costos fiscales al gobierno por un lado y, por otra, debe ser en el sentido de una tendencia de impuestos generales, preferentemente al consumo, con el menor número de excepciones posibles".