En alguna ocasión don Héctor me sorprendió haciendo algo que no era propio de mi edad. No te asustes, mamá, no estaba hojeando alguna revista de ésas que muestran fotos de las chicas que se dejan retratar, dijera Fernando Delgadillo en su canción “Amor de voceador”; estaba viendo por televisión un informe presidencial. Era 1983 y por alguna extraña razón quería tratar de entender lo que Miguel de la Madrid tenía que decir a los mexicanos. Desde que era niño he puesto especial atención a los mensajes de las y los políticos. Me resulta interesante el proceso de construcción de un discurso dirigido a las masas, que lleva implícito un significado mayor que aquél que se encierra en las palabras.

En el mes de noviembre de 2014, el presidente Enrique Peña dirigió un mensaje a la nación con el título “Por un México en paz con justicia y desarrollo”. Ahí el primer Mandatario se refirió a la justicia olvidada, la llamada justicia cotidiana, “aquélla que demanda la mujer a quien le niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o quien no puede cobrar una deuda”. Entendida así la justicia cotidiana es un concepto directo y sencillo; se trata de instituciones o procedimientos que permiten resolver los conflictos que surgen de la convivencia diaria entre las personas. Debemos reconocerlo, la creación de normas jurídicas para garantizar el acceso a la justicia cotidiana no es una prioridad en este País.

Sin embargo, toda regla tiene sus excepciones. Rubén Moreira ha presentado 311 iniciativas al Congreso coahuilense, en lo que va de la administración. No tengo la referencia oficial para afirmarlo, pero seguramente es el Mandatario estatal que en más ocasiones ha comparecido ante el Legislativo con la finalidad de modernizar el andamiaje jurídico local. Una de las primeras iniciativas que el titular del Ejecutivo envió al Congreso, tuvo como propósito simplificar los trámites para la corrección de actas del Registro Civil. Esa realidad la conozco bien; tuve la oportunidad de hacer mis “pininos” en la dependencia encargada del área. En ese entonces miles de personas se veían en la necesidad de tramitar largos y costos juicios para rectificar sus actas cuando éstas contenían un error. Igual para inscribirse en la escuela, obtener una pensión del IMSS o un pasaporte, el acta de nacimiento es indispensable, y si ésta contenía un error, el “calvario” iniciaba. Hasta dos años, en el mejor de los casos, se invertían para lograr corregir el documento. Después de contratar un abogado y presentar varias decenas de pruebas e incluso testigos, se podía obtener la sentencia definitiva. Con un sello al margen del acta que especificaba el mandato judicial se daba por concluido el tortuoso trámite. Para algunos que iniciaban el largo proceso no les alcanzaba el tiempo para concluirlo. Otros más preferían no intentarlo.

“Mejor así me quedo”, escuché cientos de veces. A partir 2012 y gracias a esa reforma, la mayoría de las correcciones de actas se hace a través de un sencillo proceso administrativo ante la Dirección Estatal del Registro Civil. Lo que antes duraba en promedio un par de años, ahora se resuelve en un día. De acuerdo a cifras oficiales, casi 30 mil personas se han visto beneficiadas con esta nueva disposición, lo que además redujo notablemente la carga de trabajo del Poder Judicial. Además, 47 por ciento de los beneficiarios han obtenido la rectificación de sus actas en brigadas comunitarias, por lo que sólo han tenido que desembolsar una cantidad simbólica.

Una ventana mayor se abre. Ayer se promulgó una nueva reforma a la Ley para la Familia, que permitirá ahora que todos los errores en las actas, salvo los que se refieran al año de nacimiento o nacionalidad, sean corregidos por un sencillo y rápido procedimiento administrativo. Además, en los casos en los que se deba llevar a cabo un juicio, éste podrá desarrollarse en el lugar donde viva el interesado y no en aquél donde se haya asentado el acta, lo que evitará traslados innecesarios.

Aquí en confianza, dos años antes de que en el País se hablara de justicia cotidiana, en nuestro Estado ya se modificaban las normas jurídicas para permitir a las y los coahuilenses el acceso a ella. Ésta no ha sido la única reforma que tiene como fundamento la llamada “justicia olvidada”, pero sí ha sido una de las más significativas. Ya habrá ocasión de referirnos a otras igualmente importantes.

El estadounidense Paul Auster, quien fuera galardonado con el Premio Príncipe de Asturias a las Letras, escribió: “Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.