A la acción de la justicia y de quién la aplica no les corresponde rivalizar según regiones geográficas, sino que debe prevalecer en el ámbito general. Los miembros de un tribunal no se seleccionan por pertenecer a la región de donde procede el que los designó para empatar criterios.

Refiero lo anterior en virtud de que un columnista de la ciudad de Torreón, que escribe bajo el seudónimo del Agente 007, opinó que el gobernador utilizó sus riendas al despedir a nueve magistrados del Tribunal Superior de Justicia que ocupaban esos puestos por la imposición del anterior gobernador.

Esa opinión toca las lindes de lo trivial imponiéndole ese sello frívolo al sistema judicial de Coahuila, como si se tratara de un juego circense donde se quiere que salte el caballito por el aro de papel que lo rompa y se encuentre al otro lado, y emprender su juego al compás que le dirijan. 

La justicia es la justicia, y perdón por lo axiomático de la frase, pero es para que se entienda que no se debe impartir de acuerdo a determinado interés, sino al legítimo beneficio sustentable de darle a cada quién lo que le corresponde y no hacerlo discrecionalmente. 

En la justicia reside la igualdad, la equidad, el respeto y la libertad, de manera que cualquier funcionario judicial debe actuar con base en esos valores, y no en la señal de quién lo designó en forma subyacente.

La palabra justicia significa justo, es decir, que quien tenga la atribución de impartirla, por su propia naturaleza debe dictarla en ese sentido y no con base en voces políticamente superiores. 

Los gobernantes deben allegarse elementos afines con el objeto de que se estructure un equipo sólido, independiente que sustente un orden de gobierno, nada más que ese círculo que lo rodea está obligado a poseer conocimientos que los lleve a desempeñar los puestos que les asignen con responsabilidad, basados en la honestidad para que el servicio se emita con justicia efectiva.

La justicia es formal, sin embargo, a veces la mezclan con aspectos de carácter político que la hace reflejar matices que la enrarecen y demeritan, por lo que el aparato judicial debe ser manejado por juristas con experiencia –no de extracción política– que detecten las hendiduras por donde se pretende penetrar para lograr satisfacer requerimientos y caer en la impunidad. 

Si el columnista citado quiere decir que se empieza a formar un grupo político de aquella región, le recuerdo que para su consolidación, según expertos, se necesitan por lo menos 20 años de una presencia efectiva en los quehaceres políticos con una vinculación cercana a los escalones de la pirámide nacional y estatal, y al presente régimen le falta que se extinga su periodo aproximadamente un 67 por ciento de su tiempo legal, pero que para efectos prácticos y políticos los sexenios se componen de cinco años, pues el sexto transcurre en asuntos de preparación para la siguiente elección, de manera que la fuerza para su construcción debe estar fincada en la experiencia de jugadores intrínsecamente propios y no entenados.

En tres años más, los factores reales de poder, como los exgobernadores, los hombres de poder económico e incluso miembros de la iglesia empezarán, como formadores de criterios, a lanzar al aire opiniones en apoyo a diferentes corrientes políticas para influir en el electorado.

Sabemos que el Gobierno del Estado se divide para su ejercicio en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y que en su conformación debe guardarse un equilibrio con el propósito de evitar los excesos, pero sobre todo formar un contrapeso por parte del legislativo, situación que en la actualidad ha sido mermada, pues su actuación ha sido condescendiente que parece que los asuntos que recibe sufren un proceso automático de aprobación.

Ahora mismo esos poderes están presididos por personas de la región Laguna, sólo que el legislativo termina su periodo este fin de año para dejarle el lugar a un representante, de Morena o de la UDC, razón por la que se actuó con rapidez para designar al presidente del Tribunal Superior de Justicia que es también de esa región, para que el Ejecutivo del Estado estuviere flanqueado por personas de su jurisdicción por lo menos dos meses.
Se lo digo EN SERIO.

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Francisco Aguirre Perales
En Serio