Durante las últimas décadas, por la falta de credibilidad de los jueces, los tribunales, federales y locales, han ido experimentando nuevas formas de hacer pública su función. Se piensa que entre más se abre un tribunal, mayor legitimidad tendrá.

Las estrategias son múltiples. Desde crear un Canal Judicial para difundir las sesiones hasta el uso de infografías para explicar una sentencia, son herramientas de comunicación judicial con la sociedad. ¿Pero es suficiente? ¿La justicia abierta es poner en la TV o en las redes a los jueces?

No. Es un concepto más complejo, amplio e integral. La concepción mediática es insuficiente. La justicia abierta es una garantía para asegurar la mayor publicidad de la justicia. Los tribunales públicos son el corazón de un estado de derecho democrático. La interpretación judicial de la ley late fuerte en la medida en que se de en un proceso público.

No solo para cumplir con el debido proceso. También para que la ciudadanía critique nuestro trabajo de impartir justicia. La justicia abierta es, pues, la principal herramienta que tiene la sociedad para ejercer un escrutinio público de la función judicial en una sociedad democrática.

Los jueces, en efecto, no somos señorías intocables. Debemos rendir cuentas con nuestras sentencias. Resolvemos controversias de particulares, principalmente. Pero la sociedad está interesada en saber qué es la justicia en un caso concreto. La publicidad, por tanto, es fundamental para darle certeza, predictibilidad y razonabilidad a la aplicación del Derecho.

Si los jueces no abrimos la puerta de la justicia a la sociedad, el profesionalismo, la independencia o la objetividad pueden relajarse con la opacidad. Ser juez público no implica con salir en un canal o en las redes sociales. Es necesario crear procesos de deliberación pública del quehacer judicial. Los jueces debemos preocuparnos por tener la oportunidad de corregir los posibles errores que cometamos al emitir un criterio. Si nos quedamos en nuestra bóveda judicial, seguramente vamos a ser más falibles.

A los jueces hay que escucharlos con sus sentencias. Pero la sociedad debe también escuchar a sus jueces. La justicia abierta, por tanto, es la mejor forma para generar diferentes procesos públicos de construcción social de la cosa justa. La sociedad debe aprender de las sentencias como patrimonio social. Pero sus jueces también deben aprender de los reclamos sociales. No estamos en una caja de cristal para desatender las principales demandas de una sociedad justa.

En Coahuila, la justicia abierta es una obligación constitucional desde 2013. Sin embargo, en el tribunal hemos sido omisos todavía en tomarnos en serio este mandato constitucional. No solo se trata de difundir nuestras sesiones o publicar nuestras sentencias. La justicia abierta genera mayores obligaciones.

Por ejemplo, un tribunal abierto es el que genera la mayor publicidad de un expediente judicial, con las reservas de ley. Sin embargo, el libre acceso al expediente sigue siendo una asignatura pendiente. Incluso: los proyectos de sentencia, por regla general, deben ser públicos. Los amicus curiae deben ser una práctica común. Las he impulsado no solo en mi práctica como magistrado instructor, sino también para que el Pleno lo regule. No lo hemos hecho aún.

La justicia abierta, además, exige publicar nuestra jurisprudencia. Desde que inicié mi función lo propuse a mis colegas. Sin embargo, es una asignatura que sigue pendiente. En lo personal, pronto saldrá un ejercicio académico para sistematizar las tesis judiciales que creo relevantes. Pero este esfuerzo de mi ponencia es una situación excepcional. La ciudadanía debe saber cómo resolvemos los asuntos con una buena política judicial de publicidad de la jurisprudencia local.

De igual forma, la justicia abierta exige crear procesos de crítica judicial. Por mi formación académica, seguiré promoviendo los talleres y observatorios con expertos para que cuestionen nuestro trabajo para mejorarlo. Pero como tribunal seguimos sin construir procesos de deliberación pública con los expertos, con los litigantes y la sociedad civil.

En fin, el tribunal en Coahuila ha dado pasos importantes con hacer públicas las sentencias y difundir sus sesiones. Pero nos falta mucho por asegurar una verdadera justicia abierta que genere una mayor legitimidad en nuestra función judicial.

LA JUSTICIA ABIERTA A DEBATE

El 8, 9 y 10 de septiembre, la Academia IDH, el ICAI y la Comisión de DH que encabezo en el tribunal, organizaremos un observatorio sobre la justicia abierta. ¿Es un discurso o una realidad? Eso lo pondremos a discusión con expertos internacionales. Esa es la única manera de avanzar.