No trascendió a la opinión pública y tampoco se le dio seguimiento como noticia, pero el pasado 8 de agosto el Tribunal Superior de Justicia del Estado sepultó el último intento de oposición al PRI-Gobierno de Coahuila durante la Legislatura 2018-2020.

Lo más fácil en este caso sería condenar el proceder de los magistrados (algunos de los cuales han representado directamente al Revolucionario Institucional en su trayectoria laboral), cuestionar sus filias, y alegar un eventual conflicto de interés.

Sin embargo el trasfondo no es tan simple ni se reduce a ello. El problema es más bien crónico y radica –parafraseando a Kundera- en la insoportable levedad del PAN.

Me explico. El Partido Acción Nacional desaprovechó una oportunidad histórica que había ganado en las urnas en junio de 2017, cuando los ciudadanos de la entidad le dieron su voto de confianza para ser mayoría en el Congreso del Estado por primera vez.

Por complicidad o por candidez dicha circunstancia no fue consumada, y a las tres quincenas de iniciar la Legislatura el PRI ya tenía nuevamente el control del Poder Legislativo pese a contar con una bancada insuficiente. De no creerse.

En un afán de salvar lo perdido políticamente por no negociar o no saber hacerlo, los nueve diputados locales del PAN, acompañados por los tres representantes de la UDC aliados en las pasadas elecciones estatales, acudieron el 13 de febrero del presente año a interponer una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El objetivo era uno: revertir la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, realizada por la mayoría priísta el 27 de diciembre de 2017 con la intención de minimizar y maniatar los efectos que tendría la hipotética mayoría del PAN y aliados a partir del 1 de enero.

En este mismo espacio señalé que dejar el asunto en manos del órgano judicial local se trataba de una mala decisión pues, conociendo los antecedentes del Pleno que resolvería la demanda, existe una inclinación evidente a favor del PRI-Gobierno y mayores probabilidades de perder la disputa. Sugerí entonces que la mejor alternativa hubiese sido promover ese juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien era competente. El término de 30 días para hacerlo, no obstante, ya había vencido. Un error más a la lista.

Y así sucedió. Oscar Aarón Nájera Davis fungió como magistrado instructor y declaró infundada la acción de inconstitucionalidad identificada en el expediente de 102 cuartillas AIL-1/2018. A favor de su proyecto de sentencia –discutible desde un punto de vista legal, por cierto- votó la mayoría: Adrián González Hernández, Armín José Valdés Torres, César Alejandro Saucedo Flores, Efraín Rogelio García Flores, Iván Garza García y Juan José Yáñez Arreola.

En contra, en cambio, Alejandro Huereca Santos, Gabriel Aguillón Rosales, Alma Leticia Gómez López y, si sirve de algo, dos juzgadores emitieron un voto particular para manifestar su desacuerdo con la resolución: Miriam Cárdenas Cantú y Juan Antonio Martínez Gómez.

Siete a cinco la pizarra. Dividido tal vez, aunque con su estrategia jurídica –si se le puede llamar así– el PAN convirtió a los priístas del Tribunal en autoridad máxima pese a que no lo eran. Por consecuencia lo resuelto es cosa juzgada y no hay una instancia superior a la cual recurrir. Unos genios.

CORTITA Y AL PIE

Cabe señalar que Marcelo Torres Cofiño, líder del grupo parlamentario, ha faltado a 34 de 47 sesiones en lo que va de 2018. Cuestión de prioridades personales: atender todo excepto su curul. Primero interviniendo en la fallida campaña presidencial de Ricardo Anaya y luego calentando la silla de quien ocupará el Comité Ejecutivo Nacional del PAN a partir del 12 de noviembre. Su fracaso como coordinador lo explica la sabiduría popular: el que mucho abarca poco aprieta.

Sin un plan de acción y particularmente sin un liderazgo efectivo en momentos determinantes, el PAN ha perdido por desatención la coyuntura crítica. Si bien el segundo año de la Legislatura (2019) presidirá –si acaso le respetan el acuerdo inicial- la Junta de Coordinación Política, al no lograr echar abajo la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado que le recetaron, ni tener mayoría calificada para legislar temas trascendentales como deuda pública y fiscalización, o materias importantes como penal y electoral, sus iniciativas nacerán esterilizadas: ningún daño podrán hacer al PRI-Gobierno.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Antes, al ser tradicionalmente relegados como minoría por la mayoría priísta, la falta de acciones sustantivas por parte de los legisladores panistas se explicaba en el hecho de permanecer acotados. Su actuación, prácticamente simbólica, se resumía entonces en ruido y ‘enérgicas condenas’ a través de boletines de prensa.

Ahora, sin embargo, ya no hay justificación. Seguir haciendo lo mismo es ineptitud.

Muy pronto perdieron la batalla política que se suponía duraría tres años pero queda una lección electoral para tomar en cuenta en próximos comicios: el PAN en Coahuila no gana ni ganando.

@luiscarlosplata