Los rumores sobre lo que podría ser el aumento del salario mínimo han empezado a gestarse y desde luego, no es para menos por las actuales circunstancias económicas nacionales. El salario mínimo ya es sólo un elemento ilustrativo (123.22 y 185.56 pesos en la frontera norte) que no cumple el objetivo para lo que fue creado; adquirir lo mínimo necesario para una persona para sobrevivir en términos de los productos más necesarios.

Las especulaciones comienzan con aumentar desde los 6 mil seiscientos pesos mensuales hasta los que dicen que puede llegar a ocho mil pesos o más. Cualquiera que sea el dato final, este es un asunto muy complicado por varios motivos. Para empezar, los empresarios no están en posición de aumentar salarios dada la precaria situación de los mercados; se vende muy poco y hay desaparición de empresas. Aunque hay una recuperación de empleos, como lo sugiere el dato correspondiente para septiembre publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es apenas un inicio, ya que se perdieron un millón doscientos mil trabajos y apenas se han recuperado 200 mil, algo es mejor que nada. Además, las empresas vienen saliendo de pagar a empleados, durante el grueso de la pandemia, que no produjeron pero que sí costaron. No hay dinero en las organizaciones para pagar aguinaldos, menos habrá para aumentos de sueldo.

Por otro lado, para el gobierno es una necesidad aumentar los salarios porque fue compromiso de campaña, y el presidente ha venido sosteniendo aumentos salariales, más por decreto que negociado con las empresas. Al principio del sexenio se pensó que dichos aumentos no tendrían un efecto sobre la economía, sino que simplemente serían absorbidos por las empresas sin cambiar para nada sus patrones productivos o sus precios. Originalmente así fue, pero el efecto fue claro, a medida que los meses corren, más personas han pasado al mercado informal o se han quedado sin empleo, como lo dice la teoría económica. En el primer caso, ya la economía informal suma el 52% del total de la mano de obra nacional y en el segundo caso el 5.4% en la tasa de desempleo. El riesgo de un aumento salarial por decreto será mayor desempleo indudablemente.

La situación es controvertida porque es necesario apoyar a los trabajadores dado que la inflación real en productos alimenticios ha sido de más del 30% de enero a la fecha, y habiendo regresado ya casi todos los sectores al trabajo en la “nueva normalidad”, los sueldos han sido reducidos para mantener los empleos. Lo peor es que en todos los países están igual y se presenta la misma controversia por lo que considerar un enfoque a los mercados internacionales está fuera de toda posibilidad.

Los sindicatos tampoco están en una buena posición negociadora. Las empresas tienen fuertes argumentos para pedir que los sueldos no suban y hasta en algunos casos podrán exigir reducciones porque no habrá otra forma de sostener los empleos. Las negociaciones empezarán por reducciones salariales y no por aumentos, como tradicionalmente se hacía antes de esta contingencia sanitaria. 

Sindicatos, empresas y gobierno tendrán que trabajar en conjunto para mandar al menos, un mensaje de unión que dé tranquilidad a los trabajadores. En caso contrario, además de la problemática sanitaria, se enfrentarán problemas laborales como ya se tienen en España y Francia, a pesar de haber inyectado dinero para apoyar a las empresas.

Hablar de un aumento “considerable” al salario mínimo, como ya se ha anunciado, puede resultar engañoso en estos momentos porque aún no se tiene una referencia clara de cuánto significa considerable. Si la inflación es del 4%, podría decirse que 5 ó 6% sería suficiente. Sin embargo, no basta para que haya una verdadera recuperación del poder adquisitivo del salario. Pero tampoco se podría más porque se pondría en peligro la viabilidad de las empresas y con ello, se haría un intercambio riesgoso entre empleos mejor pagados contra desempleo, que no sería adecuado en tiempos de crisis.

Lo mejor que se puede hacer, de acuerdo con los libros de texto económicos, es no aumentar salarios más allá de la inflación para permitir que las empresas recuperen su capacidad de producción y sigan dando empleo. Aún faltan por incorporar cuando menos un millón de trabajadores que tenían trabajo y lo perdieron, más alrededor de unos 400 mil trabajadores que son los que año con año se van incorporando, como los que cumplen la mayoría de edad, y los que se gradúan de las escuelas. Bajo estas condiciones de que cada mes cien mil empleos se generan, el mercado laboral seguirá en problemas, no es suficiente para las necesidades nacionales. Si para poder absorber a los que se incorporan a trabajar se necesita reducir el salario y no aumentar la productividad empresarial, México está condenado a la pobreza permanente.

Un estudio de la Universidad Iberoamericana (La pobreza persistente en México, 2018) señala que es necesario que el salario mínimo sea de 16 mil 400 pesos por persona para poder tener todo lo que se requiere para una vida digna. Se está muy lejos de esa meta y sería catastrófico aumentar salarios simplemente como un argumento político. Por ello, lo mejor que puede pasar ahora que se inicien las negociaciones es establecer un porcentaje que sea pagable por las empresas, alrededor de seis mil 500 pesos (en zonas fronterizas), y que apoye la economía familiar. Hay que recordar que los salarios se vuelven ingresos para las empresas, por lo que no es descabellado pensar en que este aumento será un beneficio a mediano plazo en ventas y una transformación a utilidades futuras. Los datos actuales así lo sugieren y los otros datos, no lo contradicen. La única verdad es que el salario mínimo es sólo ilustrativo para la mayoría de los mexicanos y no alcanza para vivir.

Antonio Serrano Camarena
Profesor de tiempo completo Facultad de Economía, UAdeC

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