No había en Brasil quién no creyera que la prisión era una posibilidad. Es por eso que la impunidad está detrás de la decisión consensuada entre la presidente Dilma Rousseff y su antecesor, Lula da Silva, de convertirlo en el jefe de la Casa Civil, el cargo más importante del Gabinete de Brasil.

El nuevo cargo le permitirá al ex mandatario blindarse de las investigaciones que lleva a cabo Sergio Moro, el juez que analiza su lujoso tríplex frente al mar y su implicancia en la corrupción de Petrobras. Si la cárcel era cuestión de tiempo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) no tuvo más opción que aceptar el puesto, al margen de lo que la opinión pública pudiera sospechar.

A partir de ahora, esas causas pasarán de la Justicia común al ámbito de la Corte Suprema, lo cual dilatará el proceso, por lo que la oposición considera que el propio gobierno está dejando de lado su "compromiso" de defender la Constitución y las leyes. Es por ello que más temprano los partidos Popular Socialista (PPS), la Social Democracia Brasileña (PSDB) y los Demócratas (DEM) habían calificado una eventual designación de Lula como una "afrenta al Estado democrático de derecho".

Como nuevo jefe de ministros, el ex presidente (2003-2010), según establece la Constitución, tendrá fueros especiales y Moro no podrá decidir sobre el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva para Lula. Las decisiones ahora deberán ser asumidas por la Corte, que estará encargada de autorizar su detención, algo que suele ser más rápido en los tribunales inferiores.

En este sentido, Lula podrá ser investigado por el escándalo conocido como Lava Jato, radicado hasta ahora en Curitiba, pero sólo por los magistrados que integran el máximo órgano de la Justicia brasileña.

A través de la Casa Civil, intentará reagrupar a los aliados del gobierno para frenar un pedido de juicio de destitución en el Congreso contra Rousseff por supuesta adulteración de cuentas públicas.

Además, será responsable del Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES) y se ocupará de la estratégica articulación política con aliados del Congreso. Éstas fueron algunas de las condiciones que puso el ex mandatario al negociar su entrada al Gobierno. También exigió estar acompañado de un equipo de su máxima confianza.

De esta forma, Lula asumirá un ministerio desde el que se controlan todos los resortes del poder, lo cual le permitirá influir en cada una de las decisiones de su sucesora y también en las de su base parlamentaria, a la que intentará unir de cara al eventual proceso que pudiera desalojar a Rousseff del poder.

El nombramiento aún no ha sido confirmado por el Gobierno, pero sí lo hizo el jefe del grupo del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, Afonso Florence, en declaraciones a los periodistas.

La decisión, según Florence, fue tomada después de una rueda de consultas que Rousseff tuvo durante los últimos dos días con el ex mandatario en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia y en la que Lula vivió entre 2003 y 2011, período en que ejerció como jefe de Estado de Brasil.