La principal función del Poder Legislativo (senadores y diputados) es revisar, formular y aprobar leyes. Pero tiene también, entre otros cometidos, canalizar las inquietudes y quejas de la ciudadanía ante el Poder Ejecutivo (Presidente). Además, es el poder que más directamente representa a la nación y en el que se centraliza el ejercicio de la soberanía popular, siendo el principal protector de la democracia, pues mediante la técnica de la representación se identifica con el pueblo, actúa en su nombre, sirve de freno al Poder Ejecutivo y orienta la gestión política y legislativa.

Sin embargo, el descrédito del sistema político, en especial de los partidos políticos, ha impedido que los ciudadanos tengan confianza en la representatividad de los legisladores, lo cual tiene causas perfectamente identificadas. Por otro lado, un importante número de ellos están, si no impreparados, sí mal preparados para ejercer el cargo, pues aunque conozcan las funciones propias de éste, regularmente adolecen de capacidad técnica, desconocen los procesos legislativos y las prácticas parlamentarias, más aún si su nivel de estudios es menor al grado de bachiller o equivalente.

Un importante número de legisladores son analfabetas funcionales. Saben leer, pero no comprenden más allá de lo que su prejuicio les indica. Saben escribir, pero son incapaces de redactar, ya no una iniciativa de ley, sino un simple memorándum. Para ser legislador no se requiere tener gran preparación académica ni experiencia política, puesto que cuentan con el apoyo incondicional de asesores profesionales —muy bien pagados— cuya función es aconsejar, estudiar, analizar y proporcionar las bases teóricas y técnicas para el diputado. Su deber es satisfacer los requerimientos del legislador para el correcto cumplimiento de sus funciones. De ahí que algún diputado dijera en alguna ocasión que “ser diputado es el trabajo más fácil que pueda existir. Sólo hay que estar presente en las asambleas de la cámara y levantar la mano”.

Hemos tenido candidatos y legisladores de vodevil, como Irma Serrano, “La Tigresa’’, y Carmen Salinas; y ahora Paquita la del Barrio. Para el proceso electoral del próximo 6 de junio, se suman a la lista de candidatos para diputados y gobernadores, muchas personas que son o han sido artistas, cantantes, deportistas, luchadores, actores, futbolistas y comediantes. Hemos sabido también de diputados que participan en bacanales o clausuran cantinas o prenden un cigarrillo con un billete de mil pesos, todo pagado por el o los diputados.

Deberíamos preguntarnos ¿qué consecuencias tiene para la democracia que el Congreso sea una institución política que despierta poca confianza entre la ciudadanía y está integrada por un número importante de analfabetas funcionales? La confianza política no está exenta de una actitud activa y vigilante por parte del ciudadano, con un sano escepticismo hacia las instituciones de gobierno, que la población ocasionalmente monitorea para decidir si les sigue dando su respaldo o se los retira.

La sobrerrepresentación en el Congreso fue un beneficio que tuvo el PRI durante muchos años, pasando por alto la Constitución Política de México con el argumento de la gobernabilidad por delante, pero principalmente debido al temor a perder el control. No obstante, se encontró el mecanismo para hacer trampa y a partir de 2007 los métodos de coalición comenzaron a ser la vía para violar la limitación constitucional de un máximo de 8 por ciento de diputados por encima del porcentaje de votos obtenidos, lo que significaba que —en ningún caso— un partido político podría contar con un número de diputados mayor a ocho puntos de su porcentaje de votación nacional emitida.

Sin embargo, este principio no fue respetado en las tres últimas legislaturas. En 2012, la autoridad electoral entregó a la coalición del PRI y PVEM una sobrerrepresentación de 8.2 por ciento sobre la votación real obtenida. Y en las elecciones de 2015 el criterio no fue ajustado tampoco, cuando hubo una sobrerrepresentación de 9.7 por ciento a favor de esa misma coalición.

En 2018, la coalición Morena-PT-PES adoptó el mismo mecanismo, pero en mayor escala. Esta coalición obtuvo un total de 308 diputaciones, es decir, 15.7 por ciento de sobrerrepresentación. Como puede verse, un precepto constitucional claro es que ningún partido puede exceder en más de 8 por ciento su porcentaje de votación, lo cual ha sido repetido —y crecientemente burlado— por acuerdos de simulación de candidaturas entre partidos coaligados.

El INE aceptó todas estas violaciones. Sin embargo, ahora resulta que el mismo árbitro ha decidido actuar en vista a las próximas elecciones del 6 de junio, aplicando lo que mandata la Constitución y había sido pasado por alto anteriormente. En otras palabras, lo que antes se pudo ya no se puede, midiendo con varas diferentes. Sin embargo, una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha manifestado su criterio de que esto no se aplique en estos comicios y se posponga para los de 2024. De no aplicarse este criterio, quedará demostrada una vez más la parcialidad del INE.

Lo que es una realidad es que hay que fortalecer el funcionamiento del poder legislativo, no podemos continuar con un sistema electoral con tantas deficiencias.