Irritados. Es tal el humor en la llamada nueva esfera pública —las redes sociales— que el simple registro en este espacio, el miércoles pasado, de un hecho: el de que no aparecieron funcionarios mexicanos en las revelaciones de los Papeles de Panamá, generó una minicascada de comentarios irritados de lectores en el sitio electrónico de El Universal. 

Daba la impresión que al consignar ese dato estuviera yo violando la expectativa de que los #PanamaPapers debían provocar una nueva quemazón mediática de políticos y gobernantes del país. 
En efecto, en los espacios destinados a las reacciones del público, suele dominar una tendencia a denigrar o a avergonzar a todo declarante o autor de notas o comentarios periodísticos que no coincida con los humores del lector, que a veces parece suponer que los medios sólo tienen sentido si se cargan de denuestos contra los actores públicos. Estos grupos no esperan información de calidad ni elementos de juicio para formarse opiniones, sino denuncias y acusaciones cargadas de menosprecio —e incluso de odio—, para reafirmar repulsas y desahogar malestares acumulados. 

Pero estos malestares —y quienes los explotan— no son patrimonio exclusivo de México. Por ejemplo, las deformaciones informativas, los prejuicios y los excesos ofensivos del discurso de Trump —exaltados en los medios de la ultraderecha— conectan mejor con los temores e inseguridades —el malestar— de una porción importante del electorado estadounidense, que la más decantada información sobre nuestro País y el papel de nuestros migrantes en la economía del país del norte. 

Derecho, política y delito. En el mismo sentido, hay que agregar al análisis hecho aquí la semana pasada sobre la ruta del despeñadero de la presidenta del Brasil, el factor de la correlación de fuerzas que condujo al nuevo paso dado por la Cámara de Diputados de aquel país en la vía de despojar a Dilma Rousseff del poder presidencial. Aquí tampoco valieron los hechos sobre los mayores grados de corrupción de los acusadores, en relación con las acusaciones contra Dilma. 

Como tampoco contaron los argumentos jurídicos ni la evaluación de política superior sobre el efecto traumático de la (inminente) caída de la presidenta, en contraste con los efectos de dejarla terminar su mandato. Lo que pesó fue el hecho desnudo de la política de poder basada en la deserción de los aliados y la suma de los adversarios a la hora de contar los votos condenatorios, en combinación con la hoguera encendida en los grandes medios de comunicación y las protestas de la calle, con su propia carga de malestar por el desplome de la economía y de las condiciones de vida. 

Volatilidad de los mitos. Dilma Rousseff y su mentor, el ex presidente Lula da Silva, formaron parte de las grandes movilizaciones populares que exigieron y lograron en 1992 la caída, acusado de corrupción política, del entonces presidente Collor de Mello, un mito de la derecha en el proceso de la transición democrática del país. 

La llegada al poder de Lula, una década después, consolidó en dos periodos de gobierno el poderoso mito del sindicalista sin estudios superiores que erigió a Brasil en modelo de las economías emergentes y lo puso en la antesala de constituirse en una gran potencia mundial. Ello, hasta terminar con su detención, el mes pasado, por unas horas, además del veto judicial para integrarse al agónico gobierno de Dilma con el fin de adquirir inmunidad frente a sus acusadores. 

Para unos, parece llegada la hora final de los gobiernos progresistas o populistas en el cono sur, en medio del auge de la derecha intolerante en Estados Unidos. Para otros, asistimos también a la erosión acelerada de la vida institucional y de los consensos básicos de las democracias, en beneficio de liderazgos independientes de las estructuras partidistas: de Trump al fujimorismo. De lo que no hay duda es de la irritabilidad de los humores sociales. Ni de la llegada de la hora de la volatilidad de los mitos de gobierno.