MÉXICO, D.F.- El hombre de estatura media con un peso de 80 kilos, ojos y cabello castaños, como lo indica la ficha roja que emitió la Policía Internacional (Interpol) lo volvió a hacer. Catorce años después de su primera fuga, Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera puso a México en los reflectores mundiales por su sistema penitenciario, sumergido en una crisis acumulada por décadas. 

El pasado 11 de julio cuando logró escapar del penal de máxima seguridad de El Altiplano, el líder del Cártel de Sinaloa, de 58 años de edad, ubicó de nuevo en la escena que la corrupción en el país es una de las realidades más graves. 

Nacido en Badiraguato, Sinaloa, el 4 de abril de 1957, “El Chapo” Guzmán acumuló una fortuna estimada en mil millones de dólares al frente del cártel que extendió sus operaciones en América, Europa, Asia y África, misma que le sirvió para corromper a funcionarios y escapar en dos ocasiones de prisiones federales. 

El narcotraficante se posicionó en la lista de los millonarios del mundo a partir del año 2009, ubicándose en el lugar 701 del ranking; cuatro años después seguía en la lista de la revista Forbes, pero descendió al puesto 1,153. 

El fugitivo más buscado, principalmente por los gobiernos de México y Estados Unidos, salió por un túnel que desembocó en el área de regaderas de la celda 20 del área de tratamientos especiales, en la que permaneció 17 meses, con la ayuda de funcionarios del penal y de su gente más cercana, que se encargó de toda la planeación. 

Caída de funcionarios
La evasión de Guzmán Loera provocó la caída de funcionarios; el de más alto nivel fue Monte Alejandro Rubido, removido de su cargo como comisionado Nacional de Seguridad (CNS). 

En un principio el funcionario aseguró que el día del escape no se habían escuchado ruidos extraños en la celda del capo y que el sistema de videovigilancia no tenía sonido; sin embargo, se contaba con otro monitoreo de la celda del líder del Cártel de Sinaloa con audio ambiental en el que, una vez que se difundió, claramente se escuchan golpes que salen de esa celda cuando sus presuntos cómplices hacían el boquete por el que logró evadirse. 

Celina Oseguera Parra, entonces coordinadora de los centros Federales de Readaptación Social; Valentín Cárdenas Lerma, director del Penal, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) eran los que tenían acceso a esos monitores, pero jamás dieron aviso de lo que ocurría, por lo que los servidores públicos están sujetos a proceso por permitir y colaborar en la evasión del capo. 

En el exterior del penal “El Chapo” tuvo el apoyo de familiares y amigos que demostraron su inquebrantable lealtad, pues fueron capaces de arriesgar su libertad para sacarlo de prisión. 

Édgar Coronel Aispuro, hermano de su esposa Emma, fue el encargado de la organización y supervisión de la construcción del túnel que conectaba a la celda del capo con el predio que adquirieron en 1.5 millones de pesos en efectivo. 

El abogado de “El Chapo”, Óscar Manuel Gómez, es identificado como el principal operador y organizador de la fuga; Héctor Takashima fue el piloto que lo trasladó en una avioneta y Lázaro Araujo coordinó la construcción del túnel.

Germán Valdez, su amigo desde la década de los 90, fue el encargado de negociar la compra del predio y el empresario Manuel Rodolfo Trillo Hernández es identificado como la persona que financió la fuga, según la investigación de la Procuraduría General de la República. 

Buscado en 199 países, Joaquín Guzmán Loera ahora cuenta con una orden de detención con fines de extradición. El gobierno de Estados Unidos lo acusa por delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y homicidio. 

Es requerido por la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas y tiene expedientes criminales en las cortes del Distrito Sur de California en San Diego, Distrito Sur de Texas, del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, Distrito de New Hampshire en Concord y del Distrito Norte de Illinois en Chicago. 

Por su perfil clínico criminológico y alta peligrosidad, el gobierno federal mantuvo recluido a Joaquín Guzmán en la zona de tratamientos especiales, en donde era vigilado las 24 horas del día con un circuito cerrado de televisión. Se trataba, según las autoridades, de la zona más vigilada del penal, pero para él no fue problema. También esa vigilancia tenía “puntos ciegos”, de acuerdo con el reporte. 

En lo que va del siglo XXI, el capo —que fue incorporado a la lista de los hombres más ricos del mundo durante cuatro años consecutivos, según la revista “Forbes”, a pesar de realizar operaciones ilícitas en el trasiego de la droga— burló la seguridad del sistema penitenciario considerado de máxima seguridad en dos ocasiones. 

Joaquín Guzmán Loera fue detenido la primera vez en 1993, en la frontera con Guatemala; ocho años después, el 19 de enero de 2001 —a 49 días de haber iniciado el gobierno de transición de Vicente Fox—, el narcotraficante escapó del penal de Puente Grande, Jalisco, en un carro para ropa sucia, según las autoridades. 

Catorce años después, el líder del Cártel de Sinaloa lo hizo de nuevo: se fugó, pero ahora bajo tierra, por un túnel construido a precisión para que él escapara y luego huir por aire hasta su tierra natal, Sinaloa, según se ha revelado. 

El veterano narcotraficante, por quien la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece 60 millones de pesos, había sido capturado el sábado 22 de febrero de 2014 en un conjunto habitacional ubicado en Mazatlán, Sinaloa, pero su segunda fuga dejó en claro que la capacidad operativa y financiera del Cártel de Sinaloa es a tal grado poderosa que le permite corromper y penetrar a las instituciones encargadas de la seguridad y de la procuración e impartición de justicia en México. 

La fuga no sólo evidenció la corrupción en el sistema penal federal, sino que el sistema de persecución del delito está saturando las cárceles, mientras que el porcentaje de policías es menor al requerido, señaló Gerardo Rodríguez, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas, campus Puebla. 

Luis Astorga, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que la evasión muestra una cadena de corrupción que no está limitada a los custodios del penal de alta seguridad número uno del Altiplano. 

“Esa fuga de un penal de alta seguridad puso en evidencia el grave problema que existe actualmente en las instituciones en el país, las cuales siguen invadidas por red o redes de corrupción, que finalmente no se han logrado combatir”, externó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.