Apenas unos días (probablemente sólo unas horas) después de abandonar su posición como titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa habría dejado el País concretando de esa forma una “fuga anticipada” que hoy le permite evitar ser aprehendido.

De acuerdo con información revelada ayer, el reconocimiento expreso de que el exmandatario veracruzano abandonó el territorio nacional lo habría hecho su propio abogado quien, mediante un escrito entregado en el Juzgado 37 Civil, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el 4 de noviembre, informó que su cliente no respondería personalmente al requerimiento que se le realizó porque no se encontraba físicamente en el País.

La cronología de lo ocurrido desde el 13 de octubre, cuando Duarte solicitó licencia al cargo, establece que mediaron cinco días entre la presentación de la licencia y el momento en el cual un juez federal ordenó la captura del Gobernador por ser presunto responsable de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Se podrá decir que los cinco días que mediaron entre un hecho y otro constituyen tiempo suficiente para que el exmandatario se diera a la fuga, cosa que podría haber hecho sin problemas, toda vez que en dicho período no era alguien buscado por la justicia.

Sin embargo, es fácil deducir que el expediente armado en su contra no se integró en esas 120 horas, sino que las evidencias que se encuentran en el mismo tuvieron que ser recolectadas con anticipación y que la solicitud de la orden de aprehensión no fue entonces un hecho que coincidiera de manera fortuita con la solicitud de licencia de Duarte.

Y si esto es así, entonces quedaría claro que la Procuraduría General de la República tendría que haber tomado provisiones para vigilar los pasos de Duarte e impedirle abandonar el territorio nacional, lo cual le expondría al ridículo de no poder explicar cómo un personaje conspicuo puede tranquilamente subir a un avión y salir del País, o trasponer en un auto la frontera norte o sur del territorio nacional.

La fuga de Duarte no se explica entonces sino merced a la complicidad de las agencias estatales que debían vigilarle, justamente porque le estaban investigando y armaban un expediente en su contra con el propósito de imputarle la comisión de graves delitos.

¿Por qué no se explica de otra forma? Porque la alternativa es la torpeza, la ausencia de capacidad para armar un operativo que luce sencillo si se toma en cuenta que no se está hablando de la cabeza de una organización criminal que opera en la clandestinidad o que, al intentar ser detenido, podría oponer resistencia de forma violenta.

En todo caso, para desgracia colectiva, las únicas hipótesis posibles frente a la fuga del exgobernador veracruzano son igualmente dañinas para cualquier intento de recuperar la confianza en las instituciones y quienes las representan: o tenemos autoridades corruptas, o las instituciones se encuentran en manos de individuos incompetentes.