El asunto sería cómico si no fuera trágico, y es absurdo por donde se vea. Me explico.

Dicho “entrenamiento en redes sociales e internet”, como lo llamaron administrativamente, ocurrió el 27 de octubre del año anterior, oficialmente duró 16 horas, y le costó al erario del Estado 313 mil 200 pesos como consta en la factura 443 de fecha 19/10/2015 (se pagó una semana por adelantado, nótese) a favor de la razón social “PEICON DE MÉXICO, S.A. DE C.V.”.
¿Esperaban que la venezolana impartiera la plática en bikini, como en su participación del reality show La Isla, o por qué nuestros legisladores locales pagaron ese precio?

Al respecto hay varios puntos a considerar.

Primero, la persona moral identificada en el documento es en realidad una empresa que se dedica al diseño, impresión de publicidad y producción de eventos. Y la dirección fiscal, por su parte, apunta hacia un edificio departamental ubicado en la colonia San Pedro de Los Pinos, en el Distrito Federal. Es decir, no coinciden con las características del servicio facturado al Congreso.

Aventuremos que a La Salvia le prestaron un RFC mexicano (PME090803HG) para poder cobrar (una práctica, por lo demás, más común de lo que se cree), y supongamos que los diputados sí requerían esa capacitación: la venezolana no es una especialista; al contrario, los coahuilenses fueron su primera experiencia en el tema. ¿A quién se le ocurrió que contratarla era una buena idea?

¿Por qué no aprender, en cambio, cuestiones verdaderamente relativas a su función como proceso legislativo, o debate parlamentario? Ya puestos a estudiar, ¿por qué no tomar un curso para pensar por sí mismos y no depender de las iniciativas del Gobernador?

Pero no nos desviemos de lo principal y realmente importante del caso: esa fascinación que tienen los políticos por la farándula, y esa reticencia que tienen a transparentar el gasto.

Luego de dos meses de presentar evasivas a los cuestionamientos de quien esto escribe, por fin el pasado 19 de enero —con la mediación del ICAI— el Tesorero del Congreso del Estado, Jorge Alanís Canales, “logró identificar un pago” a la actriz.
Así estará el estercolero en las finanzas para que lo consideren un ‘logro’.

A través del expediente 610/2015 el funcionario informó que “no se cuenta con información individualizada de los consultores que participaron o del personal de apoyo que les asistió”, no obstante el curso fue “impartido por ocho consultores, dirigido a la totalidad del personal administrativo y diputados”.

Sin embargo a juzgar por la evidencia fotográfica, no asistieron más de 50 personas; una gavilla de privilegiados entre los que figuran los diputados Javier Díaz de Saltillo, Liliana Gutiérrez de Ramos Arizpe, Georgina Cano de Acuña, Sonia Villarreal de Piedras Negras, Leticia Castaño, Luis Gurza de Torreón, y Carolina Morales de Sabinas además de los plurinominales Javier Rodríguez del Partido Verde, Jesús de León del PAN, y Sergio Garza de la UCD.

¿Cómo justifican entonces ese gasto superfluo?, ¿era trascendental para la vida legislativa de la entidad que José María Fraustro supiera usar el Twitter o Francisco Tobías el Facebook?

Cortita y al pie

Cuánta frivolidad. “Vivimos bajo los códigos de la civilización del espectáculo”, escribió Mario Vargas Llosa en su ensayo homónimo publicado en 2012. “Así como en el pasado los políticos querían fotografiarse y aparecer del brazo de eminentes científicos y dramaturgos”, explica, “hoy buscan la adhesión y el patrocinio de cantantes y actores, así como de estrellas de fútbol y otros deportes”.

“El político de nuestros días —dice— si quiere conservar su popularidad está obligado a dar una atención primordial al gesto y a la forma, que importan más que sus valores, convicciones y principios”.

Y así sucede. No es casual que el Congreso del Estado haya aprobado el pasado 22 de diciembre —fecha ideal para que nadie se enterara— la regresiva Ley de Pensiones que obliga a los trabajadores de la educación a laborar seis años más para jubilarse, y a contribuir con el doble de lo que actualmente aportan.

La última y nos vamos

Como institución, en Twitter hace un año el Congreso del Estado abrió una cuenta y la mantiene con menos de 200 tuits y ninguna utilidad práctica. Pero eso sí, gastaron 313 mil 200 pesos por las fotos con Ana La Salvia.

carlos_plata01@hotmail.com