Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

La nueva Fiscalía para Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR), anunciada por el gobierno como una respuesta a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que pedían una instancia especializada, es en realidad una copia tanto en alcance como en funciones de algo que ya existía desde 2013: la Unidad Especializada para Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Así lo evidencia el Acuerdo A/094/15 de la PGR que describe la creación y facultades de la Fiscalía, publicado el pasado 9 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, y que es casi idéntico hasta en la redacción al Acuerdo A/066/13 que dio luz verde a la referida Unidad para Desaparecidos.

De hecho, los mismos recursos humanos, materiales y económicos que ya tenía la Unidad, son los que ahora se transfieren a la fiscalía.

El acuerdo de la fiscalía describe en once puntos sus características, objetivos y facultades. Diez de esos puntos son una copia del anterior acuerdo para crear la Unidad, con cambios mínimos como escribir Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vez de solo “Constitución”.

La Fiscalía, al igual que la Unidad, dependen de la misma subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. La nueva fiscalía tiene como función la atención de desaparecidos relacionados con averiguaciones federales o con casos locales que tengan conexión con el fuero federal, misma atribución que tenía la hoy extinta Unidad.

Las 20 facultades específicas que tiene el fiscal especial descritas en el punto quinto del acuerdo también son una copia de las que tenía el titular de la Unidad para desaparecidos.

Entre esas facultades se encuentra, por ejemplo, solicitar autorización para exhumaciones en cementerios o fosas clandestinas, el solicitar a las autoridades penitenciarias el traslado de algún reo a otro sitio si ello favorece en la posible localización de alguna víctima, o el ordenar la atracción de la investigación de desaparecidos en los estados.

En el acuerdo se establece que la fiscalía tendrá sus propios recursos materiales y humanos, así como un presupuesto independiente, algo que ya estaba establecido con la Unidad especial que se creó en el 2013.

La única diferencia  entre los dos acuerdos son los requisitos que se necesitan para ser nombrado fiscal, pues en el nuevo acuerdo A/066/13 se añade que debe ser mexicano, con al menos, 35 años de edad, contar con una experiencia mínima de cinco años, además de no tener antecedentes por sanciones o delitos cometidos en el pasado. Este cargo mantiene, desde la creación de la Unidad de búsqueda, el carácter de Ministerio Público.

En los artículos transitorios del acuerdo para la creación de la nueva Fiscalía, se añadió que el acuerdo de 2013 por el cual se creó la Unidad queda abrogado (lo que confirma que tenían las mismas funciones) y que todos los recursos que tenía se transfieren a la fiscalía especial.

Cabe recordar que el surgimiento de la Fiscalía para Búsqueda de Personas Desaparecidas fue anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto como una respuesta a la exigencia de las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa de contar con un área enfocada en la atención de su caso.

Sin embargo los familiares expresaron su rechazo y declararon, tras una reunión con el presidente, que esa no era su petición, pues exigían un área enfocada exclusivamente al caso Ayotzinapa.

“No queremos una fiscalía especial. Queremos una unidad especial sólo para el caso Iguala”, expresó el vocero de los familiares de los normalistas, Felipe de la Cruz.

Aun con ese reclamo el gobierno mantuvo su posición y el viernes dio a conocer el funcionamiento de la Fiscalía.

Los logros de la Unidad Especializada: Encontró a 1 de cada 6

En mayo del 2013 el gobierno federal anunció con bombo y platillo la creación de la Unidad Especializada para Búsqueda de Personas Desaparecidas. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el entonces procurador Jesús Murillo Karam dijeron que era una respuesta a la petición y huelga de hambre que sostuvieron varios días madres de jóvenes desaparecidos en el exterior de la PGR.

El nacimiento de dicha unidad significó también el cierre de funciones de la Subprocuraduría Especializada en Búsqueda de Personas no Localizadas creada dentro de la extinta Procuraduría de Atención a Víctimas (PROVICTIMA) en el sexenio del presidente Felipe Calderón, y que fue la primer área especializada en este tema a nivel federal.

Un balance revisado a través de dos solicitudes de transparencia respondidas por la PGR, evidencia que en casi dos años de funcionamiento la Unidad Especializada resolvió en promedio una de cada seis averiguaciones que atendió, ya sea con la localización con vida o sin vida de la víctima.

La unidad reportó en términos globales, que trabajó en la localización de 621 personas en el país. No hay un total preciso y depurado de personas desaparecidas en el país pero si se toma como referencia el conteo oficial de más de 26 mil casos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, significa apenas un 2.3% de esos casos.

De las 621 personas desaparecidas, buscadas por la Unidad fueron localizadas 102, de los cuales 72 se encontraron con vida y 30 sin vida.

Casi el 25% de todos los casos de desapariciones atendidos por la entonces Unidad Especializada, correspondieron al estado de Veracruz, que ocupó el primer sitio en este rubro, mientras que el 18% ocurrieron en Tamaulipas y 16% en Coahuila. De acuerdo con las investigaciones son desapariciones con la posible participación del crimen organizado.

Desde su creación oficial en junio del 2013, con la publicación del acuerdo correspondiente, la Unidad contó con recursos económicos propios. Para la mitad de ese año le fueron asignados poco más de seis millones 500 mil pesos.

El presupuesto para los años siguientes tuvo importantes variaciones, de acuerdo con lo reportado en los presupuestos de egresos de la federación. Para el 2014 se le destinaron más de 40 millones de pesos pero en 2015 la propuesta fue de 14 millones 676 mil pesos, un recorte de más de la mitad.

Para 2016, la propuesta del gobierno era que la Unidad contara poco más de 28 millones de pesos recursos que, de ser aprobados por el Congreso, serán transferidos para la Fiscalía Especializada.

Dos años sin protocolo

Aunque desde la creación de la Unidad Especializada para Desaparecidos de 2013 se estableció la obligación de diseñar y poner en marcha un nuevo protocolo de búsqueda acorde con estándares internacionales,  dos años después aún no existe ese protocolo y se espera que sea lanzado hasta diciembre, según lo revelado por la procuradora Arely Gómez en su comparecencia ante el senado de la semana pasada.

El modelo elegido por la PGR para tal fin es el protocolo denominado “AM/PM” (Ante Mortem / Post Mortem) aplicado por la Cruz Roja Internacional.

En 2014 la entonces subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR Eliana García, explicó que el protocolo estaba sustentado en dos bases de datos y un software especializado que corroboraría de forma automática los perfiles de familiares de personas desaparecidas (incluyendo datos de ADN) con perfiles de cuerpos encontrados y que no han sido reconocidos.

Se esperaba su aplicación a principios de este año, pero a finales de 2014 menos de la mitad de los estados habían firmado el convenio para la integración de los bancos de información genética, indispensables para que todo el sistema funcione.

Hasta ahora no hay documentación disponible que permita saber si todas las entidades firmaron los convenios necesarios. La titular de la PGR no precisó si al final del año arrancaría este sistema de forma completa o parcial.