La historia de la familia LeBaron está llena de claroscuros. Lo acontecido a su comunidad recientemente es un atentado flagrante al estado de derecho y pone en focos rojos a la gobernabilidad de un país. Ciertamente, sin ahondar mucho en el tema, muchos pueden decir que sí, la culpa es del Estado, y sí, la culpa es de AMLO.

A razón de una plática que tuve con maestros universitarios de la UAdeC, salieron asuntos sobre si gobierna o no gobierna bien la nueva administración federal; junto con todos sus asegunes, salió a relucir el tema de la familia LeBaron. Abonando a la disertación, el doctor Orive daba sus puntos de vista y el doctor Centeno tuvo a bien compartir una nota de Lydia Cacho, publicada en Aristegui Noticias en el año 2018, titulada: “Polígamos en nombre de Dios”, que es sólo una pequeña parte de toda una investigación, iniciada por la periodista desde años atrás.

Y es que, si bien es cierto, lo ocurrido a la familia es inadmisible; su aislamiento, su fundamentalismo, su ubicación en los estados del norte como Chihuahua y Baja California principalmente, dan a pensar una serie de perspicacias en las que a cualquiera que le guste remover la tierra puede llegar a concluir que la culpa no solamente fue del Estado (falaz atrevimiento para muchos).

Norberto Bobbio afirmaba en torno a la razón de Estado que “en las sociedades democráticas persisten los problemas de convivencia entre distintos grupos por motivos asociados a opiniones preconcebidas basadas en aspectos raciales, de lengua o de grupo étnico de referencia”.

En ese orden de ideas, desde Utah hasta Chihuahua, nos damos cuenta que las familias mormonas han promovido actividades como la poligamia, el abuso sexual de menores, esclavitud, el servilismo, secuestro, uso y abuso sistemático de armas (simulando autodefensas y rigiéndose bajo su propia ley), asesinatos… todo lo anterior, bajo la permisividad divina. Que importa lo que diga la Ley, ¡hombre ya!

Asentándose como una familia aislada y con actividades predominantemente agrícolas poco podemos saber sobre lo que realmente origino esta masacre fatal. Por su religión, en donde violan a diestra y siniestra leyes mexicanas, bajo su argumento de nacionalidad norteamericana, caminan entre la delgada línea de la legalidad e ilegalidad en todas sus prácticas.

Pero cuando las leyes entran en conflicto con Dios lo lamentan y se someten a sus leyes divinas, a su concepción. Retomando nuevamente a Bobbio cito:

“La pretensión de unanimidad muchas veces se transforma en intolerancia, en una actitud que no busca entender las razones ni los derechos de los otros, y que se encuentra dominada por la arrogancia y la prepotencia de poseer la verdad en ese momento hegemónica (…) la labor inacabada de la democracia se encuentra con una serie de prejuicios y discriminaciones que no solo limitan a los derechos de libertad, sino que también, y lo que es más grave, nulifican las reglas”.

Desde finales del siglo antepasado, estas familias coexisten en nuestro País. Mucho se habla de que esas tierras, donde viven, las compraron ilegalmente después de la Revolución Mexicana.

Hace unos días, integrantes de la familia LeBaron marcharon en la desangelada marcha en contra de AMLO. Cualquier ciudadano que radique en cualquier país –sin poseer la nacionalidad– debe respetar las leyes en donde reside y, por supuesto, debe hacer valer sus derechos en su condición de ciudadano o cualquiera que fuere su situación en el país.

Es irrazonable vivir con estas muestras de violencia, pero también es irracional el trato “especial” que ha recibido esa comunidad; recordemos las declaraciones de Alex LeBaron González, exdiputado local y federal, cuando declaró que su comunidad está armada y que es ilegal el origen de las mismas.

Es necesario exigir y encontrar justicia para las familias que cayeron en desgracia, pero también sería bueno recordar el 133 constitucional.