La situación que atraviesa Venezuela ha llegado al límite. El régimen de Nicolás Maduro ha arrojado a las fuerzas del orden sobre millones de ciudadanos descontentos, lo que hasta el momento se ha traducido en más de 60 muertos y 3 mil detenciones. El descontento es producto de la profunda crisis económica que atraviesa el país, consecuencia de la política económica chavista y por la pretensión del presidente Maduro de cambiar las reglas para las elecciones.

La política económica populista que se ha implementado en Venezuela hoy está demostrando sus terribles consecuencias. La petrolización de la economía, el control del tipo de cambio, las expropiaciones, la congelación de precios y el aumento arbitrario de salarios han destruido la competitividad y ahuyentado la inversión.

No es casualidad que en los últimos 10 años cerraran medio millón de empresas, ni que se perdieran un millón de empleos tan sólo en 2016. El gasto excesivo e ineficiente, la opacidad y la incertidumbre jurídica tienen a Venezuela con una inflación de 720 por ciento y con una economía que decrece cada año. Lo grave es que el costo lo pagan los ciudadanos. El porcentaje de pobreza pasó de 48 a 81.8 por ciento y 4 de cada 10 no come tres veces al día. Así, hoy vemos cómo un régimen que llegó al poder a través del voto popular y supuestamente a apoyar a los más desprotegidos, hoy es repudiado por 90 por ciento de los venezolanos.
Hugo Chávez utilizó la democracia para conquistar el poder y después su Gobierno la suprimió. De manera sistemática, el Gobierno obligó a diversos periódicos y estaciones de radio a cerrar o vender su empresa al Estado, los pocos que resisten se enfrentan al control del papel periódico. Por otra parte, prácticamente desde el primer día de su gestión el Gobierno bolivariano eliminó los cauces de la oposición y de facto suprimió la división de poderes.

Es momento de que la comunidad internacional exija al Gobierno de Nicolás Maduro que permita la entrada de ayuda humanitaria; restituya las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional; libere a todos los presos políticos y diseñe un cronograma electoral. Es necesario ejercer las contramedidas que se estipulan en diferentes organismos internacionales con el objetivo de restablecer el Estado de derecho.

De la misma manera, tenemos que aprender las amargas lecciones que nos deja Venezuela. Es cierto que el mundo atraviesa por un periodo de incertidumbre, las profundas desigualdades han generado un malestar generalizado. Pero hoy confirmamos que es peor cualquier alternativa a la libertad y la democracia.

Otra de las enseñanzas es cuidar que visiones de corto plazo convenzan mentes y conquisten gobiernos. Nadie niega los problemas que tenemos, pero sabemos que una alternativa que no contemple la defensa del Estado de derecho como medio para ejercer la libertad de expresión, la certeza jurídica y el crecimiento económico basado en la libertad de empresa, sólo va a traer más problemas.

Para los ciudadanos, la lección es comprometernos con el futuro de nuestro país. Tenemos que participar y ejercer nuestros derechos políticos. Involucrarnos y conocer las implicaciones de las propuestas que ofrecen los candidatos. Porque como escribió Jesús Silva-Herzog Márquez: “Quien renuncia al entendimiento, abdica de la ciudadanía”.

También necesitamos políticos que asuman como suyos los valores de la libertad y la democracia. Políticos con visión de largo plazo, que entiendan que la supervivencia del Estado no recae en ninguna persona, sino en las instituciones que juntos construimos. Políticos comprometidos con la verdad, que construyen sus plataformas con basen en evidencia, no sentimientos o promesas populistas, alejadas de la realidad y con costos demasiado altos.

@jpcastanon