Nos encontramos en los albores de un nuevo decenio y en medio de un proceso de transformación de la sociedad mundial. El entorno actual se configura bajo los efectos del avance científico, el desarrollo tecnológico y la innovación, procesos que están generando cambios de manera secuencial en nuestros estilos de vida. En este decenio experimentaremos los efectos de la globalización, y como resultado de la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas; seremos testigos de asombrosas aplicaciones de la ingeniería genética, la nanotecnología y la inteligencia artificial, que transformarán  la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.

Aunque muchos de estos avances generan bienestar y la percepción de progreso en la humanidad, no podemos perder de vista que existen rezagos históricos que nos plantean retos a nivel global, como el crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales; la necesidad de mejor educación; el rezago en la equidad de género; la necesidad de más energía; el deterioro ambiental y sus devastadores efectos como el cambio climático y la contaminación de nuestros océanos, entre otros.

Nuestro país no está al margen de estos problemas, en consecuencia, en los próximos años será indispensable poner en operación una nueva generación de políticas públicas y estrategias que contribuyan a su atención.

Deberemos cumplir lo dispuesto en la reforma constitucional en materia educativa, atendiendo el rezago en la cobertura de educación superior que actualmente alcanza 39.7 por ciento, ya que se encuentra en desventaja frente a países desarrollados e incluso frente a países con economías similares. Con base en datos de la Unesco, México se encuentra doce puntos porcentuales por debajo del promedio de la región de América Latina y el Caribe (51.8 por ciento).

No sólo será necesario incrementar la matrícula y cerrar las brechas entre los estados (Oaxaca tiene una cobertura de 21.4 por ciento y la CDMX de 95.6 por ciento), además será indispensable asegurar la calidad, la pertinencia y el desarrollo de competencias globales en los egresados. Habrá que partir de un nuevo paradigma de calidad o excelencia basada en resultados y construir el sistema nacional para la evaluación y acreditación de la educación superior, como mecanismos para asegurar mejor educación para los mexicanos y fomentar el desarrollo social.

Después de una larga jornada de trabajo entre la ANUIES, grupos de expertos de las instituciones asociadas, equipos técnicos de la SEP y una extensa consulta a nivel nacional, tanto presencial como en línea, confiamos en que el Poder Legislativo apruebe la Ley General de Educación Superior, la cual contribuirá a la construcción de un sistema de educación superior y a su gobernanza.

En la actualidad existe evidencia de que el actual mecanismo para la asignación presupuestal a las instituciones de educación superior está agotado. Será necesario diseñar un modelo que brinde certeza a estas instituciones y les permita planear su desarrollo.

Finalmente, México como Estado miembro de la ONU, se comprometió con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que integra diversas líneas de acción a favor del bienestar, la equidad y la prosperidad de las personas, el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento de la paz universal y el acceso a la justicia. Este decenio es crucial para alcanzar resultados relevantes en cada una de las naciones involucradas, cuyo efecto acumulado contribuya a mejorar la situación de la sociedad mundial y la preservación integral del planeta.