México es diverso y multicultural, con capas de población que viven distintos tiempos y velocidades de desarrollo. Una nación de múltiples realidades que, al tiempo que conviven, se contradicen. Esta pluralidad se manifiesta en una desigualdad profunda y compleja cuya solución es urgente porque es el mayor problema del País.

Para encontrar respuestas solemos imaginarlas en el futuro. Pocas veces advertimos que ya existen, en su escala, en el pasado. Es el caso: los romanos al crear sus instituciones de derecho afirmaban un principio toral para enfrentar la desigualdad: la ley es igual para todos. Ese postulado sigue siendo vigente y constituye la columna vertebral del desarrollo de las naciones más avanzadas.

El Estado de derecho es el fundamento de la igualdad de todos. Sin embargo, la ley que nos equipara no es un mecanismo automático sino que debe ser aplicada por personas en casos de vulneración del orden jurídico y social existente. Esto no quiere decir que para resolver, por ejemplo, la desigualdad de los más pobres sólo debe aplicarse la ley. Lo que se quiere decir es que para atender el problema la ley es un indispensable punto de partida. Esta es la razón por la cual en la Constitución de 1917 los más importantes preceptos incluidos son de naturaleza social, y propugnan la igualdad y la justicia como derechos exigibles por todos.

El salto de calidad está en asegurar el imperio de la ley, y enmarcar en él las políticas públicas que den sustancia a los mandatos legales. Es decir, transitar desde la decisión de un funcionario encargado de la procuración e impartición de justicia hacia una verdadera cultura de la legalidad que dé confianza a los ciudadanos en las instituciones, más que en las personas, e incorporarlas en un orden común que las lleve a conducirse a partir de normas y principios que son el corazón de esa legalidad.

Como se puede ver, se trata de un asunto sensiblemente vinculado con la educación, en especial con la educación superior, porque involucra la formación profesional de los recursos humanos del Estado y de la sociedad en su conjunto. Y por ende, en la ANUIES insistimos: es la universidad, siempre la universidad, la que nos puede dar respuesta a los grandes problemas nacionales. En ella se produce el conocimiento y se investiga la realidad, en ella surgen la creatividad y el genio de la sociedad como tarea representativa del País, en ella se conjugan la visión, los valores y la conciencia de la nación sobre sí misma, es decir, se crea la cultura. Para la ANUIES, la formación profesional se orienta a generar el capital humano necesario para el desarrollo y para contribuir a la implantación de la cultura de la legalidad. Es imperativo el conocimiento de fondo para enfrentar, de manera eficaz y profesional, la inseguridad que se formó en la desigualdad, así como proponer las medidas de prevención que nos permitan, como nación, anticipar riesgos y racionalizar la toma de decisiones públicas y sociales en la materia.

Con este espíritu y con la participación de nuestras instituciones asociadas, en la ANUIES hemos propuesto la creación de un centro de documentación, investigación y prospectiva para la seguridad, justicia y paz, que podrá convertirse en una fuente de conocimiento y formación profesional con las mejores prácticas internacionales. Buscamos que el centro sea, por su valor académico, una referencia obligada para apoyar el combate a la inseguridad y promover la confianza en las instituciones y el bienestar que anhela y merece nuestra sociedad.

@jaimevalls
Jaime Valls Esponda
Opinión Invitada