La incertidumbre que reinó hace unos días en torno a la suspensión de las pruebas de preparación en México de cara a la aplicación de la prueba PISA 2022, sirvió para volverle a poner el ojo a una problemática que, si bien está sobrediagnosticada, no se ve por dónde resolverla: el atraso y el bajo nivel educativo de nuestra nación. Se trata, claro, de un aspecto fundamental en el desarrollo de cualquier país y, dramáticamente, en el nuestro, también está cubierto por el velo de la ineficacia y la opacidad. Hasta en eso parece que siempre vamos de reversa.

Platicamos esta semana con Galia García Palafox, editora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y autora del artículo “México suspende prueba de preparación de PISA”. En el texto, Galia resalta que si el país abandona la aplicación de la prueba PISA (algo que después se aclaró desde el gobierno que sólo se trata de un retraso), esta no sería la primera vez que el gobierno federal actual bloquea una evaluación del desempeño educativo, ya que en 2019 canceló la aplicación de la prueba ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo), a cargo de la UNESCO. Los resultados para México de ese estudio, aplicado en toda Latinoamérica, nunca se hicieron públicos. Galia señala que “hay muchos huecos en la información, la SEP ha sido muy opaca y muchos datos se perdieron con el cambio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)”.

Es claro que al presidente Andrés Manuel López Obrador le resultan aberrantes órganos como la OCDE, que él califica (cuándo no) de neoliberales, conservadores y, por tanto, nocivos para la vida nacional (entendida ésta como el conjunto de sus ambiciones gubernamentales). Y es claro que con esos prejuicios, justificados bajo el velo de esa otra entelequia que es la austeridad republicana, no resultaba descabellado pensar en que el país abandonaría la aplicación de una prueba que no sólo le cuesta dinero (las pruebas de campo tendrán un costo de 7 millones de pesos y la prueba final, a aplicarse en 2022, costará unos 38 millones de pesos), sino que además exhibe el rotundo desastre que ha sido nuestro sistema educativo.

Y es que sólo hay que mirar los datos. En la prueba PISA de 2018, la más reciente, un 45% de los estudiantes mexicanos mostró deficiencias de lectura, 47% sacó un bajo nivel en ciencias y 56% en matemáticas. En este último rubro, el nivel de bajo desempeño del resto de países de la OCDE tuvo un promedio de 24%, lo que evidencia el tamaño de nuestro rezago. Además, según el análisis que realizó el economista Luis Alfredo Medina, coordinador de Investigación del Observatorio de La Laguna, sólo 1% de los estudiantes mexicanos obtuvo un desempeño alto en los indicadores de la prueba, cuando el promedio de la OCDE es del 16%. Otro dato: si un 13% de los estudiantes de los otros países miembros obtienen el nivel mínimo de competencias, en México el promedio se eleva al 35%, es decir: México tiene el triple de reprobados que el promedio del resto de naciones. No es de extrañar entonces que ocupemos el lugar 57 en ciencias, el 53 en lectura y el 61 en matemáticas.

Pero además hay qué voltear a ver nuestros indicadores internos: un 34.4% de los mexicanos está en rezago educativo y esa cifra es también un recordatorio de que más allá de las retóricas y las promesas, México vive en un permanente contrasentido: la educación, pese a su importancia, nunca suele articularse a los proyectos de presunto desarrollo que hemos escuchado durante décadas. Pero además se trata de un derecho, como tantos, que no está garantizado: 2 millones de menores de entre 3 y 14 años no tienen acceso a las aulas, a educación superior sólo llega el 30% de los alumnos en edad de cursarla y hay poco más de 8 millones de jóvenes entre 12 y 29 años que no estudian ni trabajan, los famosos ninis. Y, claro, todo esto tambié tiene un componente político y económico; basta decir que por cada 6 egresados sólo se genera una fuente de empleo y que hay una brecha de desempeño significativa entre el sector público y el privado. Por ejemplo, los resultados de la prueba PLANEA aplicada en 2019 en Torreón, muestran un nivel de reprobación del 80% en matemáticas en escuelas públicas, cuando en colegios privados el porcentaje es del 39%. En Lenguaje y comunicación los niveles de reprobación fueron de 42.5% en las públicas contra un 15% en las privadas.

Lamentablemente en los temas de educación también se expresan no sólo las desigualdades sociales, sino la poca visión de futuro. Insisto: es un problema sobrediagnosticado, se conocen los yerros y los desastres, pero esos indicadores no siempre se toman como base en el desarrollo de políticas públicas sostenibles, integrales, que mejoren el nivel de educación en nuestro país. Si esa perspectiva no cambia, se pone en riesgo el futuro de generaciones enteras. Pero pareciera que cuando hay que meter el turbo, activamos la reversa.

PRÓXIMA ESTACIÓN
Manuel Serrato