CDMX.- Bajo la dirección del politólogo Sergio Aguayo y con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México llevó a cabo una investigación que presenta ahora con el título “En el Desamparo”.

Ahí analiza el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010 y la desaparición de un número incierto de personas (se llega a hablar de 300) en 2011 en Coahuila, y subraya la falta de atención recibida por las víctimas con una conclusión que no sorprende  y ratifica un problema de raíz: “El Estado no ha hecho la tarea”. 

Sobre Allende, Coahuila, el informe  concluye que el cártel de Los Zetas sí masacró personas del 18 al 20 de marzo de 2011, por un ajuste de cuentas, con la ayuda de la policía municipal: las “levantaron”, las llevaron a dos ranchos distintos donde las asesinaron, para luego desaparecerlas calcinadas y derretidas en ácido.

Aunque el expediente de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJEC) sólo consignó el asesinato de 26 personas –20 de una misma familia– y no 300 como afirman activistas como Raúl Vera López, obispo de Saltillo, se presume que “pudieron ser más”, revela el informe 

APRENDEMOS GEOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA DESGRACIA: JUAN VILLORO

Durante la presentación del informe, el escritor y periodista Juan Villoro expuso que México es una “necrópolis” donde proliferan las fosas en todo el territorio.

“Aprendemos geografía a través de la desgracia: Río Blanco, Tetelcingo, Ayotzinapa, San Fernando y Allende pertenecen a esta resignación de la geografía a través del horror”, dijo.

El Gobierno, criticó, no solo ha omitido su tarea, también a criminalizado a las víctimas.

“Se necesita transitar un camino hacia la justicia: la reparación simbólica y una investigación de los sucesos”, mencionó, “una investigación clara como un principio ético”.

La academia, como parte de una red solidaria surgida a raíz de la falta de apoyo de más autoridades, “subsana lo que no hace el Estado”, agregó.

El informe, concluyó, “es una radiografía de la torpeza e impedimento para impartir justicia”.

Los investigadores coincidieron en que el Estado mexicano no ha hecho la tarea. Es urgente e indispensable que reestructure y mejore el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia criminal para generar canales de comunicación con la sociedad, determinó el Colegio de México en su informe sobre el trato y las reparaciones a las víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, y de la desaparición de un número indeterminado de habitantes en Allende, Coahuila.

“Hasta ahorita la única constante son los huecos, los faltantes. Hay vacíos de información, falta de verdad, ausencia de justicia, dudas, nula confianza en las instituciones, desarticulación entre sociedad y Estado, personas desaparecidas, cuerpos no reconocidos o encontrados de manera equivocada, nula visibilidad y atención al fenómeno de desplazamiento interno forzado, víctimas abandonadas, vacíos preocupantes para garantizar la no repetición, procesos burocráticos opacos… En resumen, lo que más se ve es la ausencia, los vacíos, el desamparo”, concluyó el estudio coordinado por Sergio Aguayo.

Las víctimas, sus familiares y la sociedad, expuso el reporte, tienen derecho a conocer lo que pasó y a un trato digno.

CRIMEN INFILTRADO EN EL GOBIERNO

Las tragedias de San Fernando y de Allende fueron el resultado de tres factores principales: el control casi total del crimen organizado en Tamaulipas y Coahuila; la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas y la complicidad del Estado (federación, organismos autónomos, estados y municipios).

“Hechos terribles y crímenes atroces que no son los únicos. Son dos representativos de lo que sucede todo el tiempo en varias regiones del país”, dijo Mariclaire Acosta, especialista en derechos humanos.

“Sean víctimas del crimen organizado o de agentes federales -como en Tanhuato-, todos por igual viven en el desamparo. Los crímenes no se investigan, no se previenen las violaciones de derechos humanos y nunca se sanciona a los culpables”, agregó.

Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, aseguró que la CEAV “opera como ventanilla de indemnizaciones, no de reparaciones a las víctimas”.

Cuestionó la lentitud de las investigaciones, las cuales no se basan en estándares nacionales e internacionales, expuso.

Las autoridades no actuaron a pesar de saber el contexto del área y cuando ocurrieron, guardaron silencio. La PGR no atrajo el caso de Allende”, acusó Dayán.

‘SOMOS SERES PRESCINDIBLES: SICILIA

El poeta y activista Javier Sicilia afirmó que ambos casos son “la expresión de lo que sucede en todo el país y es el desamparo de todo el país”.

“El Estado dice que tenemos derechos, pero en los factor somos seres absolutamente prescindibles. Tienen que entrar las universidades a presionar a un Estado que no quiere asumir su responsabilidad ante esta urgencia nacional”, declaró Sicilia.

“¿Qué sigue?”, puso sobre la mesa Sergio Aguayo, el coordinador del informe. “Entender y construir un mecanismo de atención a víctimas en Coahuila y Tamaulipas”, respondió.

En Allende (sólo en Allende) registraron 42 desaparecidos; “es la entrada al horror”, y en San Fernando, además de la ejecución de 72 o 77 migrantes, se descubrieron más de 300 fosas.

Falta entender, añadió, el papel de la sociedad, la lógica de Los Zetas, a Estados Unidos y la vulnerabilidad de los municipios, “por ahí está entrando el crimen organizado”.

El académico adelantó que habrá una segunda fase de investigación en Coahuila.

RUBÉN MOREIRA APOYA A VÍCTIMAS

Jaime Rochín, presidente del CEAV, determinó que la institución que preside es un esfuerzo del Estado orientado a acompañar a las víctimas hacia la justicia cuyas exigencias son la base.

De acuerdo con el funcionario, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, fue “la primera persona” que apoyó el proyecto y abrió todas las puertas a las sugerencias.

“México necesita construir una paz verdadera”, declaró.

La madre de una víctima se paró y le gritó a Rochín: “pónganse a trabajar en conjunto y regrésenlos vivos o muertos. Esta guerra nunca previó que hubiera tantos huérfanos. Necesitamos que nos los devuelvan; sí hay manera”.

Otra madre agregó: “las familias no nos vamos a cansar de buscar a nuestros familiares”. “En mi caso hay nueve detenidos y aún así ninguna pista sobre dónde está mi hijo que desapareció en Coahuila”, dijo. “Venga, vamos a trabajar”, contestó el de la CEAV.

RECUENTO DE UNA MASACRE

De acuerdo a investigadores de El Colegio de México entre las 19:00 horas del viernes 18 de marzo y las 20:00 horas del domingo 20 del mismo mes, Los Zetas montaron un operativo para ajustar cuentas a tres supuestos traidores: Alfonso “Poncho” Cuéllar; Héctor Moreno Villanueva, “El Negro” y a Luis Garza Gaytán, “La Güiche” o “La Güichina”.

Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales creyeron que sus subordinados entregaban información sobre sus operaciones a Estados Unidos; debido a que dos de ellos son testigos protegidos. Los acusaban, además, de robarse entre 5 y 10 millones de dólares de las ganancias del tráfico de drogas.

Uno de ellos, Luis Garza Gaytán, es de Allende. Toda su familia vivía ahí. Los Zetas decidieron tomar venganza: asesinaron a 20 familiares suyos, a tres amigos de Cuéllar, a dos trabajadores de Moreno y destruyeron 32 viviendas.

Aunque el expediente habla de personas asesinadas, los investigadores consideran que se trata de desaparición forzada. El informe señala que el aporte principal del expediente de la PGJEC son las declaraciones de 61 testigos.

“Lo único que les importa es encontrar declaraciones inculpatorias. Hay poquísima investigación que valide la veracidad o falsedad de lo dicho. Eso impide establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y proporcionar justicia”, dice. (Con información de Sin Embargo/© EL PAIS, SL. Todos los derechos reservados.