La disputa por el país (Parte II)

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La disputa por el país (Parte II)

A Antonio Helguera Martínez, monero auténtico y perseverante por un mejor país

Más allá del “marketing político” –oferta de candidatos como producto de acuerdo a la demanda de los votantes- los gobiernos electos sustentan sus planes, proyectos y programas en una ideología determinada, de ahí la perspectiva en el ejercicio del poder y su relación con la ciudadanía.

El cambio de régimen es, por tanto, cuando cambia la perspectiva ideológica y la operatividad gubernamental, después de periodos de gobierno con la misma visión política, independientemente del partido ganador.

De 1983 a 2018 en México los gobiernos federales se situaron en la posición ideológica de derecha, con un Estado gerencial de negocios -con leyes a modo- a disposición de las variaciones del libre mercado como mejor estrategia para asignar recursos escasos, con estrategias privatizadoras de empresas paraestatales dado que los recursos naturales son sólo productos mercantiles, con programas sociales temporales asignados a través de organizaciones políticas o de la sociedad civil.

En 35 años el salario se ancló a las proyecciones de inflación anual y como ventaja comparativa para incentivar la inversión nacional y extranjera. El incremento de la deuda pública federal no se destinó a la transformación estructural para la redistribución de la riqueza, sino a gasto corriente y a inversión selectiva de acuerdo a las prioridades políticas del momento. Otro ejemplo de este enfoque gerencial es la seguridad social tanto en salud, como en pensiones y vivienda, la primera con subvenciones a cubrir por la iniciativa privada, la segunda como ahorro individual sin garantía de bienestar para adultos mayores y la tercera con esquemas mercantiles de largo plazo, pero no para refrendar el patrimonio familiar. 

En el Estado gerencial la democracia sólo es representativa y no participativa, “votas y te vas” y las decisiones se toman desde las cúpulas política y empresarial; la información de las decisiones y acciones de gobierno es reservada sólo para los técnicos especializados “que sí saben”; la educación sólo es técnica, no formadora de pensamiento crítico; el sindicalismo es corporativo y sin voto libre y secreto; las organizaciones de la sociedad civil son gobernanza y pueden ser financiadas con recursos públicos.

Independientemente de su continuidad, a partir de 2019 en nuestro país se posicionó un gobierno federal con perspectiva de soberanía nacional –sin presiones políticas y/o económicas externas- y compromiso social, en el que los recursos energéticos (petróleo y sus derivados y la electricidad) son estratégicos para la nación y dispuestos para objetivos ulteriores, sobre todo sociales; la educación es integral, con capacitación técnica y formación ética, cívica y solidaria; los derechos sociales se elevan a rango constitucional; el salario debe ser garantía de bienestar e impulsor del consumo componente de la demanda agregada; los recursos públicos deben optimizarse con menos gasto corriente y sin incrementar la deuda pública; el crecimiento económico se sustenta en la inversión pública y privada, la cual no debe enfrentar presiones fiscales ni reglamentación excesiva. La soberanía nacional debe garantizar el crecimiento y el desarrollo.

En el ámbito político, el Estado soberano impulsa la democracia participativa a través de elecciones transparentes, referéndum, consulta popular y revocación de mandato, asimismo la organización vecinal sin anclarse a partidos políticos, los programas sociales sin intermediarios políticos, el voto libre y secreto en los sindicatos como garantía de libertad laboral, información permanente sobre las acciones de gobierno y la aplicación de los recursos públicos.

Dos perspectivas diametralmente distintas, Estado gerencial con resultados de 36 años y Estado social de con eventuales avances de dos años y medio; dos visiones ideológicas y políticas actuales con sus coaliciones partidistas y ciudadanas. La disputa por el país será permanente, la derecha política, académica y mediática por un lado y la izquierda-centro con su precaria organización social por el otro.