Debemos partir de un hecho fundamental: El primero en manifestarse en contra de un juicio a ex presidentes no fue otro sino Andrés Manuel López Obrador.

Como presidente electo, en noviembre de 2018, se manifestó por: “Otorgar perdón y amnistía política a los ex mandatarios porque, en caso de enjuiciarlos, sería apostar a la confrontación”.

Luego, en enero de 2019, con menos de dos meses en el cargo dijo en su conferencia mañanera: “Mi opinión es que optemos por el punto final. Punto final y pensar hacia adelante y no irnos por la tangente de estar como siempre, sólo castigando a chivos expiatorios”.

Quedaba más que claro su nulo deseo de llevar a juicio a cualquiera de los que le precedieron en la silla, no obstante reconoció que hay una demanda popular a favor de ello, por lo que dejó abierta la posibilidad de someterlo a una consulta ciudadana.

Establecidas ambas posturas, la de AMLO (que no) y la del clamor ciudadano (que sí), el Presidente inició un extraño diálogo con el pueblo, con las instituciones y consigo mismo, todo con tal de eludir dicho compromiso; mientras simula un deseo de acatar la voluntad popular, pero se dice imposibilitado por (inexistentes) obstáculos, atavismos legales que sólo él ve y percibe como impedimentos.

La consulta constituye al mismo tiempo un episodio más de las épicas batallas de Andrés contra el monstruo neoliberal que no se deja y no le permite hacerle justicia al pueblo bueno de México que, por lo pronto, se conforma con verlo pelear contra el dragón de siete cabezas.

La dichosa consulta es además bien capitalizada como uno de los muchos temas fatuos que acaparan la agenda mediática, mientras que los importantes son olímpicamente soslayados.

Es el caso que AMLO nos pregunta si deseamos que se enjuicie a los ex presidentes, si acaso es la voluntad del pueblo bueno y sabio el llevar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña al banquillo de los acusados.

Una considerable porción de ese pueblo sabio (la parte que no vive para quemarle incienso al bebé sexagenario que hoy ostenta el poder) le contesta que no es menester hacernos ninguna pregunta en forma de consulta. Que proceda en contra de aquellos sobre los cuales posea elementos suficientes para ser juzgados. 

¡Lo que es más!: No tiene que hacer absolutamente nada, sólo no entorpecer a la justicia, permitir que la Fiscalía General de la República trabaje en forma libre, sin coerciones, ni bajo consigna para que el Poder Judicial proceda de igual manera cuando sea su turno de intervenir. En síntesis, que no interfiera con organismos autónomos, que no obstruya a la justica ¡tal y como lo prometió y muy al contrario de como lo viene haciendo! 

¿Qué vela tiene en todo esto el Ejecutivo haciendo de dizque vocero de la voluntad de los mexicanos? Lo cierto es que sólo contamina un posible procedimiento, pues si algún remoto día un ex presidente llegase a los tribunales, podría descalificarse el proceso gracias precisamente al circo que está montando el viejito cotonete (juristas, corríjanme si me equivoco).

Mucho insisten los entusiastas de la 4T en que existen impedimentos legales para que un ex presidente sea juzgado y que la consulta abriría la posibilidad de facultar a la Ley para juzgarlos como los truhanes que son.

¡Mentira podrida! Expertos juristas demostraron que la relativa inmunidad sólo aplica mientras un presidente está en el cargo. Una vez concluido su periodo, pueden ser juzgados como cualquier ciudadano. Así que impedimento legal tampoco hay, sólo es otra excusa de AMLO para no entrarle a un toro que ya dejó bien en claro que no tiene ganas de lidiar.

Nunca perdamos de vista que AMLO no quiere que proceda un juicio contra ex presidentes, así que propuso para la consulta una pregunta a todas luces improcedente. El Presidente y el más lerdo de los zafios saben que es hasta violatoria del derecho humano.

Obviamente, la Suprema Corte de Justicia no podía avalarle semejante despropósito. Pero como de momento el máximo tribunal no es sino la quinta gema en el guante del poder del Thanos de Macuspana, tuvieron que seguirle el juego en su simulación.

De manera que el fallo fue: A.- La consulta procede. No tiene ningún valor legal, pero sirve para conocer la opinión del pueblo (¡ah! ¿qué en 18 años de campaña el Ganso Tlatoani no recogió el sentir popular?). B.- La pregunta no podía formularse de la manera que se presentó (entonces NO era procedente), por lo que la Corte decidió cambiarla.

Al final, la pregunta para esa encuesta (que carecerá de cualquier valor legal) es un galimatías que José Woldenberg calificó como tautológico, es decir, describe lo que es obvio; es redundante, reiterativa e innecesaria. 

La pregunta dichosa será: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

La pregunta es ociosa, inquiere sobre obviedades (“¿Usted quiere que la justicia se cumpla y la ley se aplique?”). 

Así de estúpido, así de baboso, sólo que este chiste de consulta, estiman algunos medios, podría costar no uno, ni dos, sino ocho mil millones de pesos.

La pregunta así redactada no sirve para nada, pero es que en los términos en que la quería AMLO tampoco era constitucionalmente viable (y lo sabe). No obstante, para lo que sí sirve es para que el Ganso Tlatoani se aferre a su bufonada de “¡Es que yo sí quiero, pero no me dejan!”.

Total, el camino está lleno de piedras puestas por la propia 4T para que ningún ex presidente sea jamás juzgado, justo como AMLO quiere y nos lo manifestó desde un principio.