Si bien, el fenómeno de la desaparición de personas no es nuevo, ya que los antecedentes de esta práctica se remontan a poco antes de la Segunda Guerra Mundial, países como Argentina, Chile, Colombia y lamentablemente gran parte de los países latinoamericanos siguen sufriendo hoy en día los estragos de este método represivo, principalmente ejecutado por las fuerzas militares durante los años 60, 70 y 80. 

En México, la primera etapa del problema se originó en el periodo de tiempo que comprendió desde finales de los años 60, hasta mediados del siglo pasado. Fue durante la conocida “guerra sucia”, que el Estado mexicano, a través de sus agentes, oprimió, persiguió y criminalizó a distintos grupos que, mediante demandas políticas y sociales, comenzaban a manifestarse en contra del Gobierno.

Las desapariciones ocurridas en esta época son las que comúnmente se identifican con la concepción tradicional de la desaparición forzada, en donde agentes estatales desaparecen a disidentes, para que dejen de “incomodar”, y a la vez persuadir al resto de la población, para facilitar su control. El caso con el que puede ejemplificarse esta etapa es el de Rosendo Radilla Pacheco, un líder de la comunidad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por cuya desaparición la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano en 2009.

El segundo momento en el desarrollo del problema en nuestro país se da en contextos como el de “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez Chihuahua, durante la década de los 90. En dicho periodo las características de las desapariciones en México cambian, pues ya no son los agentes estatales quienes cometían las desapariciones directamente, pero sí las permitían, incumpliendo así su obligación de garantizar la seguridad de la población.

Esta etapa puede ejemplificarse con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “González y otras vs. México”, donde en 2009 se le condena por incumplir con su deber de investigar y con ello de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal.

Si bien, desde su origen en México, la problemática ha sido grave, su situación actual ha alcanzado niveles alarmantes, pues a partir del inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, de acuerdo con las cifras oficiales, han desaparecido más de 35 mil personas. Desapariciones que han sido realizadas, tanto por agentes estatales, como por particulares, con la aquiescencia de las autoridades.

Además de las graves violaciones a derechos humanos que en sí mismo representa una desaparición, se han originado un sinfín de problemas jurídicos y sociales que surgen a la par del problema original. Por ejemplo, ¿qué derechos siguen vigentes para la persona desaparecida?, en ese caso, ¿quién está facultado para exigir su cumplimiento?, ¿cómo debe hacerlo?

Estas y otras cuestiones comenzaron a plantearse en Coahuila desde hace varios años, principalmente gracias a los movimientos sociales encabezados por las familias de personas desaparecidas, sus representantes y asesores, así como a la apertura del Gobierno del Estado. Por tal motivo la entidad cuenta, desde el 2014, con la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas. Sin embargo, debido a que gran parte de las problemáticas tienen implicaciones en el ámbito federal, muchas de las cuestiones no han podido resolverse.

No obstante, gracias al impulso de las propias familias, por fin, la semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, con la que, entre otras cosas, se busca reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida.

La publicación de esta Ley es un paso importante hacia la protección de los derechos de las Personas Desaparecidas y también de sus familiares. Sin embargo, para la efectividad real de los mismos, se requiere la adecuada aplicación por parte de las autoridades judiciales y administrativas. Al mismo tiempo, se necesita de la empatía y solidaridad de la sociedad en general, para llegar a la verdad, obtener justicia, reparar integralmente y garantizar la no repetición de estos actos.

Sin duda, esta problemática representa uno de los principales retos a los que se enfrentará el presidente que fue elegido el 1 de julio en las urnas, así como su gabinete, quienes deberán atender y resolver la situación, con sensibilidad y verdadera preocupación, lo que sólo podrá ser posible con la participación de las familias.

@carlos_zamorav
El autor es investigador del Centro de Educación Jurídica de la Academia IDH.

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos 
de VANGUARDIA y la Academia IDH.