“En memoria de Miguel Estrada Sámano”. 

Durante el sexenio de Zedillo se dieron una serie de ataques y amenazas a defensores de derechos humanos. A principios del sexenio de Fox, se sufrieron las secuelas de dichos ataques, con la muerte de Digna Ochoa, defensora de derechos humanos. En aquel entonces, don Miguel Estrada Sámano era presidente de la Unión Internacional de Abogados (UIA). No recuerdo exactamente si fue poco antes, durante o poco después de su presidencia, que, a solicitud mía, Miguel promovió un pronunciamiento de la UIA en favor de los defensores mexicanos. Miguel fue, entre otras muchas cosas, un defensor vehemente de la defensa de la defensa. Miguel murió la madrugada de este viernes, y a él dedico estas líneas. Amigo de tantos años y vecino de oficina. Miguelón, te vamos a extrañar. 

El derecho a defender se deriva del derecho a la libertad de profesión y, de manera esencial, del derecho a una defensa adecuada. El derecho a una defensa adecuada se traduce en el derecho del defensor a proporcionar dicha defensa. El derecho a una defensa adecuada sería imposible sin el derecho a defender. Sin el efectivo y pleno goce y ejercicio de esos derechos, se desmoronaría todo el sistema de justicia y desaparecería el indispensable debido proceso legal. 

Algunas personas no entienden que la sed de venganza es un padecimiento que no se supera en un tribunal de justicia, y se enfurecen porque fueron liberados Florence Cassez o Alfonso Martín del Campo o personas víctimas de tortura tras haber sido acusadas de secuestro. Entonces, han desatado una campaña de desprestigio a defensores y titulares de mandatos de derechos humanos tanto de Naciones Unidas como de la OEA. El doctor José Antonio Guevara, mexicano, y para orgullo del país integrante del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, ha sido el blanco de diversos ataques infundados, que en realidad constituyen viles calumnias. Junto con él, se ha mencionado el nombre de Juan Méndez, argentino, relator especial contra la tortura de la ONU. No voy a repetir aquí las “acusaciones” que se le han hecho, ni los nombres de quienes las han formulado, para no hacerles el caldo gordo. A la par, se presentó una denuncia por fraude en contra de Emilio Álvarez Icaza, mexicano, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tengo entendido la PGR ya ha archivado por notoriamente improcedente. 

En razón de lo anterior, tres relatores de derechos humanos, del sistema de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, emitieron un comunicado. Los relatores instan a apoyar a los defensores de los derechos humanos en México y exhortan al gobierno de México a apoyar a los defensores y a contrarrestar las campañas de desprestigio contra ellos. 

“El relator especial sobre la situación de esos defensores, Michel Forst, señaló que las autoridades mexicanas deben reconocer públicamente que la labor de los activistas es legítima y fundamental para el Estado de derecho, la justicia y la democracia”, dice el boletín respectivo. Y abunda: “Los expertos de la ONU explicaron que en los últimos meses, varios defensores y organizaciones civiles en México han sido acusados, a través de los medios, de fraude y corrupción, de defender a presuntos delincuentes y promover la impunidad con falsas denuncias de tortura. Forst subrayó que, por el contrario, el trabajo de esas personas ha contribuido a la promoción del acceso de las víctimas a la justicia en situaciones de violaciones graves a sus derechos”. 

El llamado de los relatores de defensores de libertad de expresión y libertad de reunión pacífica es muy poderoso y debería hacer cesar la campaña de ataques en contra de defensores en México. Y por lo que toca al gobierno, debería atender el llamado que se le hace, en el sentido de brindar todo el apoyo y protección necesarios para ellos. 

(Integrante del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU)
Twitter: @CORCUERAS