Por Andrea Vega para Animal Político

Esta vez la violencia en la comunidad yaqui de Loma de Bácum, cuyos habitantes se oponen a la construcción del gasoducto Sonora, empezó con la quema de un trigal y terminó con el asesinato de un joven de 18 años, y el incendio provocado de varios vehículos y casas.

“Un joven, de los cholos de la comunidad, le prendió fuego a un sembradío que está en renta. Las autoridades tradicionales de Loma de Bácum lo detuvieron y lo llevaron ante el ministerio público –cuenta Anabela Carlón, abogada y habitante de este poblado yaqui– pero el afectado no quiso proceder con la denuncia para no tener más problemas. Entonces dejaron ir al muchacho, pero continuaron las agresiones por parte de él y su grupo (cinco familias, que están a favor del gasoducto Sonora al que el resto de la comunidad se opone), nos gritaban insultos y majaderías”.

“En la comunidad no queremos tener gente así –dice Carmen García, otra de las pobladoras yaquis que se opone al gasoducto-, ya les habíamos dicho desde antes que se fueran, y no se iban, pero tampoco se comportaban. Así que, el 30 de abril pasado, fuimos varios a decirles a sus casas que se marcharan. Ni nos dejaron hablar. Nos recibieron a balazos y uno le tocó a mi primo (Víctor Adolfo Molina Vázquez), de 18 años, que murió al otro día en el hospital”.

Mientras en la comunidad, casas y vehículos pertenecientes a las personas que se oponen al gasoducto fueron quemadas por lo que, durante la misma noche de la gresca, varios de sus pobladores huyeron a Lomas de Huamuchil, otro pueblo yaqui.

El secretario de gobierno de Sonora, Miguel Pompa Corella, declaró a medios de comunicación que la disputa entre pobladores de Loma de Bácum no tiene nada que ver con el gasoducto y que en realidad eso tiene que ver con un trasfondo político que se va a investigar.

Un poco de contexto

El gasoducto Sonora es un megaproyecto de 835 kilómetros ubicado en los estados de Sonora y Sinaloa, para llevar gas natural desde Arizona a los estados del Pacífico mexicano. El primer tramo Sásabe-Guaymas está integrado por un gasoducto de 505 km. El segundo, Guaymas-El Oro, tendrá 330 km. La empresa a cargo es Infraestructura Energética Nova (IEnova), la filial mexicana de la estadounidense Sempra Energy, que ha invertido mil millones de dólares en el proyecto, con el consentimiento de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.

El segmento Guaymas-El Oro contempla una longitud de más de 90 kilómetros sobre el territorio de la tribu yaqui y ocupará una franja de 12 metros de terreno sobre los que la empresa tendrá el control durante 30 años. De los ocho pueblos que conforman la tribu, siete dieron ya su consentimiento para que el gasoducto se construya en su territorio.

Loma de Bácum, en cambio, negó el permiso e interpuso un amparo ante un juez federal, en el juzgado séptimo de distrito con sede en Ciudad Obregón, que ordenó la suspensión de la obra, desde abril de 2016, por no tener el consentimiento de toda la tribu. Sin embargo, la empresa IEnova, acusan los pobladores, no acató esa resolución judicial y continuó con los trabajos.

Los habitantes de esa comunidad en desacuerdo con el gasoducto dicen que lo rechazan porque no hubo una consulta abierta a toda la tribu para aprobarlo. “No hubo una consulta general, no hubo un consenso. Apartaron a las autoridades de los otros siete pueblos, se los llevaron a hoteles y pollerías y ahí les dieron el dinero. Pero las comunidades en realidad no quieren la obra”, afirma Carmen García.

Raquel Padilla Ramos, investigadora del Instituto Nacional de Antropología, quien se ha dedicado a estudiar la historia y la cultura del pueblo yaqui, avala lo dicho por Carmen. La historiadora comenta a Animal Político que “siete de los ocho pueblos firmaron el consentimiento para el gasoducto, pero eso no significa que las comunidades están a favor del proyecto. En general, la tropa yoemia, es decir las familias yaquis, no están de acuerdo pues no fueron bien informados o de plano no fueron informados”.

La abogada Anabela Carlón afirma que han hablado con gente de base de los otros pueblos y “nos dicen que no están de acuerdo con el gasoducto, pero que no pueden hacer nada porque sus autoridades ya no los toman en cuenta”.

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