El próximo año celebraremos el centenario de la promulgación de la Constitución del 17, hecho que obliga a una reflexión sobre su funcionalidad y futuro, ya que la Carta Magna es la conformación misma del Estado, determina obligaciones, derechos y su actuar. 

El marco constitucional del 17 definió lo que hoy es el Estado mexicano, le dio identidad y carácter social, plasmó las aspiraciones de la Revolución, facilitó la paz social y un marco para la gobernabilidad. Pero mas allá de la conmemoración, el tema de fondo es si con todas sus modificaciones es pertinente en las condiciones nacionales actuales. 

La Constitución ha evolucionado con el país: fruto de la Revolución, se adaptó en los 30 para pacificar al país, fue la del desarrollo estabilizador, la de la crisis, la neoliberal y la de la transición. 

A lo largo del tiempo la Constitución se adaptó al proyecto del gobierno en turno, no al revés. Se volvió complicada, reglamentaria, espejo de vanidades, desconfianza y estridencia. Una colección de reformas, en mucho inconexas, que no limita al poder y no genera condiciones para una competencia política equilibrada. 

Frente a un Estado vulnerado y débil, gobiernos cuestionados, sin credibilidad, en muchos casos con instituciones hundidas en el desprestigio y donde pareciera que no hay una orientación o rumbo definido, es claro que la Constitución actual no es un marco de referencia para el futuro de México. 

El tema no es estrictamente jurídico. El reto es cómo construir un Estado funcional, una aspiración compartida y una organización eficiente; un equilibrio entre derechos, posibilidades y potencia del Estado. No se trata de un concurso de quién es más progresista o más de avanzada, sino de qué funciona y qué puede dar una vida armónica a relaciones altamente complejas como las que se dan entre Poderes, niveles de gobierno, con la sociedad y, sobre todo, cómo limita a los poderes fácticos. 

La Constitución no tiene los elementos para ser la base de la gobernanza democrática en el siglo XXI. Por ejemplo: el enfoque federal no es suficiente para regular los temas metropolitanos, la administración de justicia o la asimetría entre entidades, no sólo en la capacidad de generar riqueza, también en la pobreza institucional en la que viven muchos estados. 

El diseño constitucional vigente es el fundamento del ciclo vicioso partidos-Legislativo-nombramientos, esto es, el secuestro de instituciones que debieran ser independientes por parte de los partidos, como lo es la designación de los ministros de la Suprema Corte, de los comisionados del Inai o de los consejeros del INE, por mencionar algunos. 

Es necesario repensar el país desde una perspectiva realista, pero fresca e integral, que pondere con objetividad los dogmas de la Teoría del Estado y se enfoque en cómo puede organizarse para enfrentar los problemas estructurales como la violencia, la corrupción, el autoritarismo y la pobreza. Es necesario un marco jurídico de derechos adecuados a esta generación, que los haga efectivos y no enunciativos, pero que también permita el actuar de las instituciones. 

Esto no significa que la Constitución no sea funcional, en su mayoría lo sigue siendo para el país. Simplemente perdió integridad, contemporaneidad y potencia. ¿Existe la necesidad de adecuar el Estado a las nuevas condiciones? Sí, sin duda. ¿Esto significa tener que convocar a un Constituyente? No necesariamente, por lo que hay que darle la dimensión adecuada. Si bien estamos en un escenario difícil, no estamos frente a la ruptura institucional. 

A lo largo de este año tenemos que encontrar la fórmula para adecuar la Constitución, sin alterar la débil regularidad institucional. Es fundamental el ejercicio de reflexión sobre la salud de la Constitución a sus 100 años y lo necesario para darle vigor y fortaleza.

(Secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República)