La Interrupción Legal del Embarazo, conocido comunmente por sus siglas ILE, involucra procesos complejos como la discriminación, el estigma, el deterioro emocional y la falta de apoyo e información. 

Si a todo esto se le añade una situación de emergencia sanitaria, el procedimiento puede volverse aún más difícil al incrementarse los obstáculos como la movilidad y presentar síntomas de COVID-19.

En la Ciudad de México hay cuatro clínicas públicas que brindan servicios gratuitos de ILE, pero solo tres están operando en la emergencia médica actual:

El centro de salud Beatriz Velasco de Alemán, la clínica "Mata Lama" dedicada a la salud de las mujeres y Santa Catarina Clínica comunitaria estatal; basada en datos del Fondo de Aborto de Justicia Social de MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento).

Este derecho al aborto es un servicio de salud y, por lo tanto, debe ser respetado como una parte esencial durante la pandemia, según lo previsto por las autoridades federales de salud. Ya sea por voluntad, donde está regulado, o por mandato legal en los estados que están considerando, por ejemplo, el aborto por violación.

Existen clínicas privadas y fundaciones que no han interrumpido el servicio legal de aborto durante esta pandemia. Por ejemplo GineClinic, Consmed Ginecología, Ginecen, Fundación Naiset y Fundación Mariestops.

Muchas veces las mujeres están limitadas por los miembros de la familia, a menudo les ocultan el embarazo o el aborto debido al estigma que producen. En este caso, el aislamiento dificultará aún más la elección del aborto en el hogar.

En emergencias de salud, otro problema exacerbado se asocia con inconvenientes para evitar enfermedades infecciosas, porque las mujeres que desean viajar a la capital pueden estar infectadas con la enfermedad y lo tienen que hacer porque no pueden garantizar el derecho al aborto voluntario en sus entidades. Llegarán al epicentro de COVID-19, arriesgándose a ser contagiadas en la capital.

La situación puede ser contraproducente, incluida la detección de síntomas relacionados con COVID-19 y la elección de atender a los pacientes que están a punto de tener un aborto espontáneo, o primero llevar sus síntomas al centro médico apropiado, en caso de presentar síntomas relacionados al virus.