El Ejecutivo Federal presentó al Senado de la República la iniciativa para aprobar el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, para conocer de comunicaciones individuales por violaciones a la Convención Internacional. 

Esta iniciativa presidencial representa el cumplimiento a una recomendación que durante los últimos años se le ha hecho a nuestro país por los diferentes informes que Naciones Unidas ha realizado. Es una propuesta en la que las familias han insistido para poder acudir a instancias internacionales cuando las nacionales no cumplen con el derecho de las personas a no ser desaparecidas.

En términos oficiales, la Comisión Nacional de Búsqueda ha reconocido que existen más de 61 mil personas desaparecidas. La visualización mayor de este crimen se centra en las miles de personas ausentes y familias hoy afectadas. La desaparición de personas lastima el corazón de una sociedad: nadie debe ser objeto de la injusta ausencia.

La lucha de los derechos por parte de diferentes colectivos debe ser una agenda prioritaria. Ellos han hecho hasta lo imposible para poder encontrar a sus seres queridos. Las familias, principalmente madres, esposas e hijas son las que hasta ahora han dado una mayor respuesta a la búsqueda de los desaparecidos.

La impunidad, la falta de castigo a los responsables, la falta de acceso a la justicia, a la verdad y a sus derechos, es la regla que se perpetua en una situación grave en la que México tiene un saldo desfavorable.

Las historias son de injusticia e impunidad. Muchas víctimas han visto cómo las autoridades se han negado a recibir sus denuncias o cómo se les ha desanimado a denunciar diciendo que los ponía en riesgo; se les ha dicho que sus hijas e hijos, hermanas o hermanos, se habían ido con sus parejas o estarían metidos en malos pasos. Las familias han atestiguado la ausencia de acciones efectivas y reales de investigación, búsqueda, verdad y justicia.

En este largo y terrible caminar, las familias han visto negligencias, complicidades, falta de profesionalismo y de capacidad. A través de las desapariciones, por ende, se ha desnudado la incompetencia de las autoridades mexicanas, federales y estatales, sin importar colores políticos.

Esta violación a los derechos humanos es de carácter múltiple, continua y pluriofensiva. Las familias saben que la desaparición de sus seres queridos no solo exige, como principal demanda, garantías reales y efectivas para encontrar a los familiares y castigar a los responsables, sino también requiere del diseño e implementación de una adecuada política pública del Estado mexicano para atender, ayudar y reparar en forma integral los múltiples daños continuos y permanentes que se causan a la esfera de su dignidad.

Las familias saben, pues, que las heridas de la desaparición de sus seres queridos difícilmente cerrarán en un contexto de injusticia e impunidad; por el contrario, el tiempo que avanza las aumenta, su falta de atención adecuada las vulnera de manera más grave y cada día que pasa es más complejo y costoso atenderlas y, por ende, resolverlas.

Las desapariciones ponen en crisis el núcleo básico de cada sociedad, la familia: el no saber por qué desapareció el ser querido, el no encontrarlo, el no hallar y sancionar a los responsables y el mantener siempre la esperanza de hallarlo, genera para sus familiares un dolor, desgaste y zozobra por el ser querido, que van afectando de manera permanente el derecho a la vida digna de todas las familias.

CENTRO DE IDENTIFICACIÓN HUMANA

El Gobierno Federal y de Coahuila supervisaron ayer los avances de la construcción del Centro de Identificación Humana. No es una obra para presumir, sino para reprocharnos como gobierno y sociedad. Ese centro representa una historia de violencia e impunidad que se encargará de garantizar el derecho de las familias a identificar a sus seres queridos de manera digna y confiable.

De las familias es la lucha. Las autoridades asumen solo el cumplimiento de sus obligaciones que podrán ser supervisadas por el grupo de expertos independientes que integran el Comité Internacional contra la Desaparición Forzada, si el Senado aprueba la iniciativa presidencial.

@LERiosVega