En los oscuros tiempos, la ley del ojo por ojo era la manera más sencilla y salvaje de hacer justicia: me haces, te hago, aunque no siempre en la misma proporción y medida.

La venganza privada cedió ante las leyes de la convivencia y, a medida que la gente se civilizó, fueron abandonadas las prácticas de la justicia a mano propia.

Pero por naturaleza humana, la justicia fue ofertada al mejor postor. A decir de la canción de Zitarrosa, “la Ley es tela de araña”.

“Siempre había oído mentar / que ante la ley era yo, / igual a todo mortal. / Pero hay su dificultad / en cuanto a su ejecución”.

La constante hoy es la impunidad igual a dos causas identificadas: la baja moral de los juzgadores y ministerios públicos que forman una cadena desde el poder que mueve las cosas a su antojo y conveniencia, y al abandono de la doctrina jurídica del derecho penal por un pragmatismo oportuno que sustituyó la estructura trazada por tratadistas como: Jiménez de Asúa, Carrancá y Trujillo, Tena Ramirez, Ceniceros, González de la Vega y muchos más por los criterios adoptados en la Ley Rico del jurista americano.

La Ley Rico fue impuesta en 1970, según el gobierno norteamericano, a fin de desarticular “organizaciones” ilícitas como la mafia y los cárteles criminales. No obstante, desde que comenzó a ser implementada, su campo de acción ha sido más amplio de lo previsto y es aplicada a cualquier acto o amenaza que implica el homicidio, el secuestro, las apuestas, blanqueo de dinero, conspiración para traficar con narcóticos, obstrucción de la justicia, el incendio, el robo, el soborno, la extorsión, el tráfico de material obsceno o la negociación de una sustancia controlada o química. Precisamente esta Ley permite a la autoridad hacer los enlaces de los grupos criminales y atacar sus fondos, sin embargo, también refiere casos de “soplones” que entreguen a sus jefes a cambio de impunidad pactada.

Y al final de cuentas infiere en el aspecto de la no persecución de verdaderos criminales y delincuentes, por el sólo hecho de traicionar a sus iguales y no por la intención de hacer justicia.

Esta Ley fue mal copiada en México y permite, por ejemplo, el esquema por el cual “E” Lozoya desde su casa forma parte de un proceso en el que él es procesado, demandante y testigo protegido al que se le pudieran hasta regresar sus bienes en un “safin safado”.

Sigue Zitarrosa: “Roba un gaucho unas espuelas, / o quitó algún mancarrón; /lo prenden, me lo enchalecan, / y de malo y salteador, / lo tratan y hasta el presidio / lo mandan con calzador”.

Ante esos ejemplos, la reacción de los de a pie es obvia, y es que ante el hartazgo de los actos de corrupción viene la respuesta del linchamiento como una vía de escape y acción de justicia.

Los héroes de la combi, gente sencilla, de trabajo, mostraron la reacción natural ante el atropello impune aquel 3 de agosto en la ruta México-Texcoco, ellos son en parte el símbolo de la justicia a mano propia que han propiciado las autoridades con sus conductas deshonestas y sus ambigüedades políticas.

Los ajusticiamientos no paran en el País; según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el año pasado se registraron unos 174 casos, casi el triple del año anterior, cuando se habían registrado unos 60 en 2018, y en lo que va de este año se han registrado 107 homicidios producto de 67 linchamientos. Las entidades más afectadas en el País han sido la Ciudad y el Estado de México, Puebla, Tabasco e Hidalgo.

Además de acuerdo con la revisión de casos de linchamiento realizada por la mencionada Comisión Nacional, 188 municipios concentran los 336 casos registrados en el periodo 2015-2018.

El frenesí de los ajusticiamientos populares no resulta únicamente del auge de la impunidad y de la tétrica aplicación de la justicia, aunque éstas sean sus causas manifiestas. También interviene la facilidad con que se torna a un grupo social en turba homicida.

Continúa Zitarrosa: “Vamos pues a un señorón: /Tiene una casualidad; /ya se ve, se remedió, / un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. / Al principio mucha bulla, embargos, causa, prisión; /van y vienen, van y vienen, / secretos, admiración. / ¿Qué declara? Que es mentira, / que él es un hombre de honor. / ¿Y la mosca? No se sabe, / el Estado la perdió; / el preso sale a la calle / y se acabó la función”.

La justicia pronta y expedita parece un tema imposible en México porque, como en el cuento de la bruja, elegimos a la hechicera cambiándola por la princesa y se acabó.