Ciudad de México.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobierno de México cumplir con las recomendaciones hechas por organismos internacionales en materia de prevención del flagelo de la tortura y del respeto a la dignidad humana.

En un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos recordó que “la tortura es una práctica lacerante que deja graves y profundas huellas, por ello, la CNDH refrenda su apoyo y solidaridad a quienes la han padecido, ya que representa un retroceso en el Estado de Derecho”.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la CNDH consideró que el Estado debe cumplir en su totalidad las recomendaciones hechas por los organismos internacionales, así como las propias realizadas por  el sistema de protección de derechos humanos nacional, en torno a la promoción del respeto a la dignidad humana y la cultura de la legalidad.

La CNDH aseguró que se continuará con el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para mejorar las condiciones que favorezcan el respeto de los derechos humanos de todas las personas privadas de su libertad, atendiendo al trabajo realizado, las visitas e informes llevados a cabo y en general todas las acciones que se realizan para el impulso de su erradicación.

Asimismo, recordó el organismo, se cuenta como una gran herramienta con el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 57/199 del 9 de enero de 2003, tendente a reafirmar que el derecho a no ser sometido a torturas debe estar protegido en todas las circunstancias.

La Comisión Nacional entregó anteriormente al Senado de la República su proyecto de Ley General contra la Tortura, armonizado con el nuevo paradigma de los derechos humanos y los más altos estándares internacionales, por lo que hace un exhorto para que se apruebe a la brevedad, por dicha instancia legislativa, la citada ley, pues resulta trascendental, en estos momentos, la expedición de la Ley General con los cimientos de la uniformidad en cuanto al tipo penal de tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como su punición y atención específica que conlleve la sensibilización de los servidores públicos en su actuación apegada a Derecho.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), las autoridades y fuerzas armadas de México llevan al menos 18 años ejerciendo prácticas de tortura.

Antes de implementarse el nuevo sistema de justicia penal, las declaraciones que se obtuvieran bajo tortura tendrían que ser invalidas por completo, y no se podían usar de ninguna manera en un juicio.