México.- Un juez federal ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores restituir el monto íntegro de los ahorros que depositaron cuatro personas en la Sociedad Financiera Popular Ficrea, debido a que la CNBV conocía desde más de un año antes las irregularidades en ese fondo de inversión.

El fallo abre la puerta para que más de 4 mil 300 inversionistas reclamen su dinero, tras el fraude presuntamente cometido por el socio mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, estimado en más de 5 mil millones de pesos.

Asimismo, la CNBV todavía puede impugnar el amparo otorgado a los quejosos.

El 5 de octubre del presente año, Ficrea fue declarada en quiebra por el juez Guillermo Campos Osorio, porque está en situación de insolvencia para pagar a sus depositantes y acreedores, ya que sus activos apenas equivalen al 11 por ciento del numerario que adeuda.

Ahora, el juez Fernando Silva García resolvió conceder la protección de la justicia a cuatro quejosos.

En la sentencia, el juzgador señaló que la CNBV violó los principios de legalidad y debido procedimiento administrativo reconocidos en el artículo 16 constitucional, en concordancia con el artículo 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Puntualizó que la comisión no garantizó en forma eficaz e integral el derecho a la propiedad (ahorro) de los quejosos.

Destacó que la CNBV demoró indebidamente la aplicación de las medidas correctivas, informativas y de alerta a los ahorradores por lo menos un año, toda vez que conoció de las irregularidades de Ficrea como mínimo desde el 8 de abril de 2013, mientras que ejecutó la intervención y cierre de operaciones hasta el 7 de noviembre de 2014.

Silva García precisó que la cantidad total depositada por los quejosos, así como el interés legal debe ser pagada por la CNBV y no tomado de la “masa derivada del concurso o quiebra” de Ficrea, a fin de no afectar los intereses de los terceros perjudicados.

El pago de ahorros e intereses a las cuatro personas es una obligación de resultados y no de medios, puntualizó el juez.

El juez también enfatizó que los ahorradores no tienen el deber de soportar el uso indebido y deliberado de los fondos de una entidad financiera en beneficio de terceras personas cuando existe una deficiente supervisión por parte de la CNBV, así como inoportuna información y alerta al público ahorrador ante la existencia de graves irregularidades en su administración.