Los mexicanos estamos acostumbrados a pensar en la migración como un fenómeno periférico, distante, accesorio, incluso ajeno a nosotros. Con todo y que somos país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, y de que nuestras comunidades llevan un siglo migrando a Estados Unidos, la migración no forma parte de las prioridades nacionales, ni los emigrantes son considerados como integrantes de la nación mexicana.

El panorama es radicalmente distinto en Estados Unidos. Trump construyó su campaña política prometiendo un muro para contener a los migrantes de los “países mexicanos”. La migración se incrementa con cada ola de globalización. Todos somos mestizos, los descendientes de aquellos que migraron y se mezclaron con otros. Lo nuevo es la migración masiva, de muy larga distancia. Hoy llegan a México caravanas de hondureños, grupos de cubanos y de congoleses que tardan varios meses en la ruta y recorren casi 20 mil kilómetros para arribar a la frontera entre México y EU.

¿Por qué los centroamericanos están dispuestos a atravesar el purgatorio mexicano de secuestro, extorsión, crimen organizado? Porque vienen huyendo del infierno en sus propios países. Amplias franjas de territorio en Guatemala, Honduras y El Salvador se han vuelto inhabitables por la violencia. El Salvador tiene 6.5 millones de habitantes y 64 mil pandilleros. Los centroamericanos huyen de países donde hay presidentes ineptos y clases políticas desconectadas y amnésicas.

Hondureños, guatemaltecos y salvadoreños son los migrantes que no importan, porque nadie los va a defender en México. Trump no paga costo alguno por insultar y deportar mexicanos. Hasta el gobierno de EPN, México no pagaba costo alguno por deportar centroamericanos.

Acá en México ha avanzado la cartelización de las rutas migrantes y su monopolización en la frontera con Estados Unidos. Nos urge sanear y fortalecer institucionalmente al Instituto Nacional de Migración INAMI y a la Comisión de Ayuda a Refugiados, y eso cuesta; tenemos que asignar mayores recursos a este esfuerzo.

En México no hay una respuesta social a la criminalización, a los abusos y violaciones contra los migrantes. Invitamos a los migrantes centroamericanos a trabajar en los proyectos de infraestructura en el sureste, pero nos falta hacer todo: pagar salarios dignos, hacer respetar sus derechos laborales y desmantelar el discurso xenofóbico.

Dice con razón Jennifer Gordon que la cuestión no es tener derechos sino la capacidad de ejercerlos (https://bit.ly/2Pryjzy): “El gobierno de México no ha desarrollado una estrategia de protección laboral frente a la presencia y necesidad de miles de migrantes. El reto es identificar las complejas dinámicas transnacionales que empujan al País a precarizar su fuerza laboral y traducir este análisis en un modelo operativo a nivel nacional acorde a su marco jurídico y de política pública”.

Una agenda nueva en migración, asilo y atención a deportados necesita de la construcción de infraestructura de apoyo por parte del gobierno. El gran ausente es el Estado. Por ello, necesita de la participación de los empleadores, de los organismos de la sociedad civil, de las iglesias, de la academia, de las fundaciones del sector privado para impulsar políticas de inclusión laboral y social, capacitación y educación en un país habitable. Asignatura pendiente que no podemos evadir.

NB: Este artículo está inspirado en presentaciones de Carlos Bravo Regidor, Alexandra Délano, Claudio Lomnitz, Sergio López Ayllón, Óscar Martínez y José Carlos Moya en el seminario CIDE-Universidad de Columbia sobre migración centroamericana realizado en Nueva York los días 4 y 5 de abril.

@Carlos_Tampico