La historia nos enseña que el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos son resultados de luchas. Luchas llevadas a cabo por quienes han sufrido y sufren la violación de sus derechos; es decir, por las víctimas.

Así fue en el Siglo 18: los primeros derechos nacieron de las revoluciones francesas y americanas. Los padres de estos derechos fueron aquellos que se vieron discriminados por recibir un trato diferente en términos de violaciones del derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión o al voto, entre otros.

Así también fue en el Siglo 19: huelgas y protestas de los trabajadores víctimas de discriminación en términos de salarios y condiciones de trabajo llevaron al reconocimiento de los derechos sociales y económicos.

Lo mismo pasó en el Siglo 20, con el reconocimiento y garantía de los derechos colectivos y de los grupos, víctimas de la violación, por ejemplo, de sus derechos a la autodeterminación o a la identidad cultural.

La lucha por los derechos no siempre es violenta. No imaginemos una permanente y constante toma de la Bastilla y tampoco un conflicto armado que lleva a la independencia. Estos son casos extremos y se han quedado plasmados como momentos claves en la historia de los derechos humanos.

Lo que siempre sí ha caracterizado la lucha –violenta o no– por los derechos es la participación.

Los derechos no son un asunto individual. Su goce es individual (o colectivo), pero su reconocimiento es el fruto de un proceso participativo. Su consagración en un texto normativo –que sea constitucional, legislativo o de otro tipo– es sólo una parte de un proceso que lleva un antes y un después. No es sólo el legislador el que reconoce los derechos. ¿Quién participa entonces? ¿Y como lo hace? Muchos pueden ser los protagonistas de este proceso y muchas sus modalidades.

Y los ejemplos son mucho más cercanos de lo que creemos. 
México y muchas de sus entidades federativas –entre las cuales Coahuila no representa ninguna excepción– enfrentan serios problemas de violaciones masivas de los derechos humanos. Una de las violaciones más graves es aquella representada por la desaparición arbitraria de personas. 

Según los datos oficiales (que no corresponde a la realidad, que es mucho más grave de lo que estos datos reflejan), desde el 2007, alrededor de 35 mil personas desaparecieron en México y de éstas casi 2 mil desaparecieron en Coahuila.

Quien desaparece deja un enorme vacío en su familia, en su hogar y en la sociedad. Es un ausente siempre presente.

Mamás y papás, esposxs, hijxs, hermanxs han impulsado la lucha para el reconocimiento de los derechos de las personas desaparecidas: el derecho a que se investiguen los hechos y a conocer la verdad de lo que pasó; el derecho a la búsqueda para encontrarlos; el derecho (y el deber) de recordarlos.

Pero también el reconocimiento de sus derechos en cuanto familiares de una personas desaparecida: a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la educación.

En Coahuila, gracias también a la colaboración de las instituciones estatales, se han impulsado diversos mecanismos que han permitido la participación activa de las familias en el dibujo e implementación de las políticas públicas relevantes en la materia.

El último ejercicio en este sentido se está realizando en estos días en las instalaciones de la UAdeC Campus Arteaga. Se trata del Foro Nacional para la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas aprobada el pasado mes de noviembre.

El evento ha sido organizado por la Academia IDH, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Organización de Naciones Unidas, el Grupo Autónomo de Trabajo Coahuila, el Centro Diocesano Fray Juan de Larios y los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), Grupo VIDA Laguna, Víctimas por sus Derechos en Acción, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Alas de Esperanza Allende Coahuila y Asociación Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en México.

Durante tres días (16, 17 y 18 de marzo), familias de 17 estados de la República, funcionarios, expertos y académicos nacionales e internacionales han trabajado juntos sobre el tema del registro de personas no localizadas, los derechos de las familias de personas desaparecidas, la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición.

La finalidad del Foro es identificar los principales retos y desafíos de la implementación de la ley y avanzar propuestas consensuadas tanto a nivel nacional cuanto para Coahuila.
La lucha por los derechos de los ausentes presentes es firme, pero no es violenta y se alimenta de una participación real y efectiva de todos.

Las conquistas del constitucionalismo y los avances del derecho internacional de los derechos humanos representan un piso mínimo sobre el cual seguir construyendo la casa de los derechos. Casa que necesita de la participación de todos, para que sea lo más solidaria posible para cuando nuestros desaparecidos regresen.

La autora es secretaria académica de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos 
de VANGUARDIA y la Academia IDH.