El más importante instrumento relativo a la rendición de cuentas es, sin duda, la Cuenta Pública. La ley define a ésta como “el informe anual que las entidades rinden al Congreso sobre su gestión financiera”.

Para el efecto anterior se consideran como entidades “los Poderes, sus órganos y dependencias, organismos públicos autónomos, las entidades paraestatales, los municipios, sus órganos y dependencias, sus organismos descentralizados y paramunicipales; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios y fidecomisarios o cualquier otra figura análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos y privados o cualquier otra figura similar, cuando hayan recibido por cualquier título recursos públicos, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la recaudación, custodia, administración, manejo, aplicación o ejercicio de recursos públicos federales, estatales o municipales y que por dicha razón sean sujetos de fiscalización por parte de la Auditoría Superior” del Estado, según lo establece de manera casuística la fracción XII del artículo 3 de la vigente ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila (LRCFSE).

Dispone la Constitución Política del Estado, en su artículo 67 fracción XXXIV, que “Las cuentas públicas serán entregadas al Congreso a más tardar el 30 de abril del año siguiente al ejercicio correspondiente”. En el caso, las relativas al año 2017.

En armonía con tal disposición constitucional, el artículo 10 de la LRCFSE establece que “Las entidades deberán presentar su cuenta pública anual ante el Congreso a más tardar el 30 de abril del año inmediato posterior”. Y agrega que “será presentada en forma impresa y en un archivo electrónico de datos que permita su uso informático y facilite su procesamiento”.

En principio deberían ser presentadas y recibidas cada año por el Congreso local sólo 39 cuentas públicas. Una por cada uno de los 38 municipios más la correspondiente al Gobierno estatal.

Pero la extensa letanía, deliberadamente arriba transcrita de manera literal, de las entidades que están obligadas a presentar cuenta pública, hará que en los siguientes días se reciban en el Congreso local nada menos que 143 cuentas públicas correspondientes al año 2017, de las que hasta la semana anterior sólo se había recibido media docena. Lo cual significa que en los siguientes días, hasta el próximo día 30, llegue al Congreso una verdadera avalancha de papeles.

¿Qué hacen los diputados con ese mar de documentos que ya empezó a llegar? Los turnan a la Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano técnico del Congreso, por conducto de la comisión legislativa denominada de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que yo coordino, para el efecto de que aquélla proceda a su revisión y fiscalización conforme al programa de auditorías, visitas e inspecciones que la ASE ya tiene elaborado.

En realidad, la ASE no inicia su trabajo de fiscalización al momento de recibir en abril la cuenta pública del año anterior de cada una de las 143 entidades, sino que ya ha ido avanzando en esa tarea con los llamados “informes trimestrales de avance de la gestión financiera”, que a lo largo del año anterior las entidades fueron enviando precisamente para que la ASE fuera adelantando en el desarrollo se su labor.

Agotada la revisión conforme a su programa, la ASE deberá presentar a los diputados, a más tardar el día último del año, el 31 de diciembre, su “Informe de resultados de la revisión a la cuenta pública” de 2017.

A partir de la fecha en que ese Informe se reciba, la comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública dispone de 60 días naturales para presentar al pleno de los diputados un dictamen sobre el trabajo, reflejado en su Informe, desarrollado por la Auditoría Superior del Estado.