Las universidades federales brasileñas están experimentado una grave injerencia gubernamental. El presidente Jair Bolsonaro emitió el 12 de marzo un decreto que estableció la extinción de diversos cargos en la administración pública, lo que ocasionó el cese de más 8 mil 300 trabajadores universitarios de confianza en el país, provocando daños al funcionamiento de esas instituciones.

El 14 de mayo, el jefe del Estado brasileño expidió otro decreto que otorga a su gobierno facultades para designar cargos directivos en las universidades, con lo cual se impide a las instituciones nombrar a sus funcionarios, y se les constriñe a quedar, en la práctica, supeditadas administrativamente al Ministerio de Educación. El decreto, que entrará en vigor el 25 de junio, ha generado el rechazo unánime de los universitarios de América Latina y el Caribe, a través de sus asociaciones y redes regionales de educación superior (AUGM, UDUAL, ANUIES, CIN, ENLACES).

La ANUIES, en la LII Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), celebrada el pasado 24 de mayo en Manzanillo, emitió la Declaración de Colima en la que señala a la autonomía como un derecho que ha permitido a las universidades en todo el mundo cumplir sus funciones, sin intromisiones externas, en beneficio de la sociedad. Los integrantes del Consejo expresaron su solidaridad con las universidades brasileñas y su preocupación por la intervención del gobierno en la vida universitaria, lo que lesiona a la autonomía en su connotación de valor  universal, así como el derecho de la sociedad a una educación superior científica, tecnológica y humanística, libre de dogmas y prejuicios. Se recordó que en 2018 la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe reiteró que la autonomía es condición indispensable para promover la libertad de cátedra y la libre discusión de las ideas.

En México la autonomía garantiza a las universidades la facultad de gobernarse, establecer su organización interna y generar sus propias normas. No obstante, algunas universidades han sufrido la injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo estatales, como es el caso de la Autónoma del Estado de Hidalgo en 2018, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la autonomía es una garantía que la Constitución otorga a las instituciones para desempeñar sin injerencias externas las funciones inherentes a su misión, en especial la de autogobierno y asegurar la libertad de pensamiento, de discusión de ideas y de cátedra. Los intentos más recientes de modificar las leyes orgánicas de las universidades de Baja California Sur, Estado de México, Veracruz y Guerrero, se han producido sin escuchar a las comunidades universitarias y transgreden la Carta Magna.

A diferencia de Brasil, el Gobierno de México y el Congreso de la Unión han ratificado la autonomía universitaria contenida en la fracción VII del Artículo 3º Constitucional, en su más reciente reforma. Incluso, el Presidente de la República ha expresado su convicción de que es esencial el respeto a esa garantía. La ANUIES y las instituciones asociadas consideramos ese enfoque como un elemento enriquecedor del régimen de libertades que define nuestro andamiaje institucional y fortalece la convivencia de la nación.

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