CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sea la Asamblea Legislativa la autoridad responsable de llevar a cabo la argumentación para defender la Constitución de la Ciudad de México, ante las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por diversas instancias.

Así lo informó el presidente de la Comisión de Gobierno del órgano legislativa local, Leonel Luna, después de recibir la notificación oficial de la Corte.

Esta determinación implica, de acuerdo con el perredista, que los diputados locales tendrán 15 días para responder las controversias presentadas por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino, los partidos Morena y Nueva Alianza, así como el Senado.

En entrevista, durante la clausura de la Cuarta Plenaria del Grupo Parlamentario del PRD, Luna dijo que consultarán a quienes elaboraron la Constitución para tener la fundamentación jurídica-legal correspondiente. A la par, dijo, se trabajará con la Consejería Jurídica y Servicios Legales capitalina.

“Algunas acciones de inconstitucionalidad son una contradicción absoluta porque unos de los que las presentan estuvieron representados en la Asamblea Constituyente”, comentó el también líder de la bancada del PRD.

Antes de recibir la notificación, el asambleísta dijo que si procedan las impugnaciones, —en términos jurídicos— el Congreso de la Unión no estaría en facultades de realizar los cambios, ya que la CDMX es una entidad autónoma y podría darse una intromisión en su política interna.

‘ACCIONES SON PARA DAR CERTEZA A CAPITALINOS’
En la PGR no hay ninguna línea política en la acción de inconstitucionalidad que presentó ante la SCJN contra varios conceptos de la Constitución de la CDMX, advirtió el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán.

En entrevista, aseguró que el medio de control de la constitucionalidad que se interpuso en el máximo tribunal es para dar certeza jurídica a los habitantes de la Ciudad de México.

Mencionó que la PGR tiene entre sus facultades el control de la legalidad y fue necesario presentar la impugnación a la norma porque de lo contrario podría venir una “lluvia de amparos”; en ese sentido, comentó que será el alto tribunal el que determine la invalidez o no.

Se le cuestionó si no se trata de una estrategia, una ofensiva política del Gobierno Federal contra la Ciudad.

“De ninguna manera, son cuestiones del orden técnico-jurídico para darles certeza y seguridad a los habitantes de la Ciudad de México”, dijo.

-¿Entonces no hubo una reunión entre la Presidencia de la República y la PGR para presentar estos recursos ante la Corte?
“No tuvimos ninguna reunión de ese tipo, nosotros ejercemos nuestras facultades. La Consejería Jurídica presentó la acción que es de su competencia; no tengo conocimiento de esa controversia constitucional”.

-¿Por qué presentan ese medio de control de constitucionalidad?
“La SCJN tiene facultad de conocer acciones o demandas de inconstitucionalidad que pueden presentar el procurador General de la República.

“Esto es para establecer el equilibrio entre las diferencias entre una norma de una entidad con la Constitución federal; consideramos que había conceptos de invalidez que deberían de ser analizados por la Corte para darle certeza jurídica a los habitantes de la CDMX.”

-¿Qué contradicciones encontraron en la norma impugnada?
“Tenemos varios conceptos, por ejemplo, en derechos humanos, donde básicamente se observa por parte de nosotros es que van en contra. Existe un tema de invasiones de lo que está regulado en la Constitución de la Ciudad de México a lo que está previsto como facultades del propio Congreso de la Unión”.

ENTÉRESE
>  Las controversias presentadas contra la Carta Magna de la CDMX son por parte de la Presidencia de la República, la PGR, la CNDH, el TSJCDMX, los partidos Morena y Nueva Alianza, así como el Senado.