Al diputado Benito Ramírez Rosas, por su pronta recuperación.

Este domingo 30 de junio llega exactamente a la mitad de su periodo trianual la 61 Legislatura de Coahuila. Es quizá llegado el momento de empezar a hacer un balance de su desempeño, tanto como cuerpo colegiado como de los grupos parlamentarios que la integran y aun de cada uno de sus de sus 25 diputados.

Respecto del análisis individual, medir la aportación derivada del trabajo de cada legislador no es tarea sencilla sino harto compleja. ¿Cuál puede y debe ser la referencia básica para llevar a cabo tal evaluación? No faltará quien sostenga que un elemento a considerar es la asiduidad en su asistencia a las sesiones del Pleno y de las comisiones permanentes de dictamen de las que forma parte, lo cual es cierto. Pero no lo es todo.

No faltar a las sesiones o inasistir lo menos posible, por causa verdaderamente justificada, da idea de que se trata de un diputado serio, cumplido y responsable en cuanto a presencia física. Aunque no necesariamente en cuanto a participación activa en la labor propiamente legislativa.

Algunas organizaciones de la sociedad civil, sin duda con la mejor intención pero de manera obviamente equivocada, han elaborado un sistema de monitoreo legislativo que aplican a cada representante popular para medir su trabajo y la eficacia de éste. Hacen consistir dicho monitoreo en llevar cuenta de las piezas legislativas presentadas en la tribuna parlamentaria por cada diputado.

En el esquema de trabajo del Pleno del Congreso de Coahuila, según los términos de su ley orgánica, las piezas legislativas pueden ser de cualquiera de los tres géneros siguientes: 1. INICIATIVAS de ley o de reformas a la Constitución Política del Estado; 2. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO (para exhortar a las autoridades administrativas, bien sea del estado o de alguno o varios municipios, a realizar tal o cual actividad en materia de construcción de obras o prestación de servicios; denunciar alguna irregularidad y plantear al respecto algo concreto, etc.), y 3. PRONUNCIAMIENTOS que conforman la llamada “agenda política”, sección en la que para vergüenza del parlamento coahuilense está prohibido el debate. ¡Increíble!

Como es de suponer, las iniciativas de ley, las proposiciones con puntos de acuerdo y aun los pronunciamientos de orden político, pueden ser –y de hecho son– de distinta importancia, calidad y alcance para la vida pública de Coahuila. Sin embargo, se les contabiliza por igual.

Y no sólo eso, sino que tal modo de computar para efectos de evaluación del trabajo legislativo de cada diputado, opera a manera de incentivo perverso al multiplicar innecesariamente todo tipo de intervenciones sobre asuntos irrelevantes, de nulo interés o francamente baladíes. Un claro ejemplo de ello son las llamadas efemérides que (casi) nunca faltan en cada sesión del Pleno.

Que se sepa, el método adoptado no toma en cuenta el trabajo en comisiones legislativas, el estudio para la elaboración de dictámenes ni la participación en el debate parlamentario. Así como la muy importante tarea de revisión de las cuentas públicas, rubro que en Coahuila –por obvias razones– debe ser considerado como de máximo y prioritario interés.

Introducir como elemento de la evaluación la llamada “gestoría” realizada por los diputados, como algunos pretenden, equivale a empobrecer el esquema evaluatorio. Cuando menos por dos razones: en primer lugar porque dicha labor se coloca en los límites del tráfico de influencias y el franco coyotaje. Y en segundo término porque los legisladores oficialistas siempre llevarán ventaja en este rubro, en especial cuando se trata de un gobierno intolerante y faccioso como el de Coahuila.

Indebidamente, por las razones apuntadas, el artículo 24-XVIII de la Ley Orgánica del Congreso señala como obligación de los diputados “ser gestores y promotores de actividades en sus respectivos distritos electorales, que beneficien a sus habitantes”. Qué bueno que los beneficien, pero ser gestores no es tarea fundamental de los diputados, y menos si por ello descuidan las de corte legislativo, que sí lo son.

Otro aspecto a considerar es el distinto valor que se asigna a las iniciativas y propuestas legislativas que sólo benefician al distrito electoral del diputado, de acuerdo al esquema de evaluación que aplica una organización civil. En principio todas deberían buscar este último propósito, como bien lo dispone el artículo 24-II de la Ley Orgánica del Congreso, por lo que resulta improcedente establecer tal diferenciación.

Es este un primer acercamiento al tema, el cual da para mucho más.