Monterrey.- Pese a la renegociación para eliminar “apoyos ilegales”, la actual administración estatal habría otorgado a Kia Motors México incentivos fiscales por la cantidad de hasta 2 mil 480 millones 183 mil 314 pesos, equivalente al 12.56 por ciento de su inversión comprometida.

Esto equivale a rebasar en poco más de 7.5 puntos porcentuales el cinco por ciento que la ley marca como tope de incentivos, la misma violación que motivó los juicios penales contra el ex gobernador Rodrigo Medina y miembros de su Gabinete.

Estos números se derivan de lo publicado en el convenio renegociado entre el Gobierno de Nuevo León y la empresa Kia Motors, revelado por el Estado, detallando nombres de empresas y cifras de estímulos fiscales ofrecidos a la automotriz, luego de que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (Ctainl) ordenara eliminar la reserva de información en el documento publicado el año pasado.

En el convenio, informó el secretario de Economía y Trabajo, Fernando Turner Dávila, se habría protegido en 2016 información sensible como nombres de personas físicas y morales, tal y como se constata en el sitio web del Gobierno Estatal al compararlo con el publicado este lunes.

Existen cifras de incentivos fiscales otorgados tanto por la anterior administración estatal, como la actual. Es el caso de los 2 mil 480 millones 183 mil pesos que el Consejo Estatal de Promoción decidió entregar el 10 de octubre de 2016 a la firma surcoreana.

“[…] derivado de la aprobación del Consejo del dictamen final de evaluación y recomendación de incentivos presentado por la Secretaría, por la cantidad de dos mil 480 millones 183 mil pesos, equivalente del 12.56 por ciento y en consecuencia del otorgamiento de incentivos y en cumplimiento con las disposiciones de los artículos 29 y 34 del Reglamento de la LFIE (Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo en el Estado de Nuevo León) y demás aplicables conforme a la Legislación Aplicable (sic), las Partes celebran el presente convenio”, se publicó.

En el documento también está la intención del Estado de realizar la ampliación de la carretera Pesquería –Santa María La Floreña y el libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta para mejorar el acceso a la zona.

También se contempla el drenaje pluvial y el apoyo para la reubicación de más de 906 mil metros cuadrados de gaseoducto de la firma Kinder Morgan.

Cuando se reveló el convenio, se detalló que esta renegociación le generó al Gobierno ahorros por 7 mil millones de pesos, así como obligaciones por parte tanto del Estado como de Kia Motors que incluyen la generación de empleo con un salario adecuado para los trabajadores de la armadora, y condonaciones fiscales que son una reducción del 95 por ciento del pago del Impuesto Sobre Nómina (ISN) por cinco años y reducción del 50 por ciento del pago del impuesto predial, entre otros.

La publicación del convenio entre el Estado y Kia Motors incluyó el convenio original de 2014, cuando la empresa buscó lugares para establecerse en México.

Se reveló que el 2 de mayo de 2014, se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Promoción a la Inversión donde se recomendó el aumento del porcentaje de incentivos por encima del límite del 5 por ciento, para la automotriz.

El 26 de agosto la empresa presentó ante la entonces Secretaría de Desarrollo Económico (hoy, Secretaría de Economía y Trabajo) una solicitud de incentivos, bajo el expediente 086/SI-SEDEC/2014.

Ese mismo día, la entonces subsecretaria de Inversión y Fomento Industrial, Celina Villarreal Cárdenas, notificó a Kia de la integración del documento, y junto a Rolando Zubirán Robert, quien fungía como secretario de Desarrollo Económico, informó también sobre el Proyecto de Dictamen de Evaluación y Recomendación de Incentivos.

Ese día, se aprobaron estímulos por 197 millones 39 mil 933 millones de pesos. Se incluyó, entre otros, la condonación del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto Predial, Permiso de Uso de Suelo, Permiso de Construcción, Tarifas de Registro de Inmueble, Autorización de la Fase I de Impacto Ambiental o la Exención al Impuesto Sobre Nómina por 20 años.

El Gobierno anterior celebró un contrato de arrendamiento con Desarrollos Alusa el 30 de enero de 2015 con una vigencia de 20 meses, contados a partir del 1 de febrero de ese año, y otro con Fibra Monterrey, el 8 de septiembre de 2014 por una vigencia de cuatro años, siendo obligatorios los primeros dos para las dos partes.