Lima.- La líder opositora Keiko Fujimori afrontará una nueva investigación en Perú después de que el Procurador Anticorrupción Amado Enco la denunció ante la Fiscalía por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias vinculado con una gran red de corrupción en la Judicatura peruana.

Enco incluyó en su denuncia a los legisladores del partido fujimorista Fuerza Popular Miguel Torres y Héctor Becerril, actuales integrantes de la Comisión Permanente del Congreso que fue disuelto a fines de septiembre pasado por el presidente Martín Vizcarra.

Según el documento enviado a la Fiscalía, que fue difundido este martes por medios locales, el procurador atribuye a Fujimori el intento de buscar influencias en la Judicatura mediante el ex juez supremo César Hinostroza, quien actualmente permanece en España a la espera de ser extraditado a Perú.

VÍNCULO CON EL CASO ODEBRECHT

Este nuevo caso está relacionado estrechamente con la investigación que ya sigue la Fiscalía contra Fujimori por la presunta comisión del delito de lavado de activos durante sus campañas electorales, en las que supuestamente recibió dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht.

El procurador indicó que el presunto tráfico de influencias se produjo porque Fujimori buscó a Hinostroza, quien era presidente de un tribunal de la Corte Suprema, para intentar revertir la investigación fiscal que se le sigue por lavado de activos.

Enco basó su denuncia en una declaración del empresario Antonio Camayo, quien aseguró ante la Fiscalía que la "Señora K", a la que menciona en una conversación telefónica grabada por la Policía cuando hablaba con Hinostroza, sí era Keiko Fujimori.

La solicitud incluye, además, el testimonio del expresidente del Congreso Daniel Salaverry, quien dijo que Fujimori le pidió hacer coordinaciones con Hinostroza.

LA DEFENSA NIEGA ESTA ACUSACIÓN

Tras informarse de esta nueva petición, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, afirmó que aún no le había sido notificada, pero sostuvo que va "a desvirtuar esta falsa imputación en las instancias correspondientes".

Loza aseguró en el Canal N que "no hay ninguna declaración, de lo que la defensa pueda conocer (...) que hubiera hecho constar alguna coordinación entre Keiko y el señor Hinostroza".

La abogada de Keiko también ratificó su posición de que "hay una desesperación constante de parte del equipo de fiscales" que investigan el caso Lava Jato en Perú "de querer perjudicar a la señora Keiko Fujimori en crear falsas imputaciones, como viene ocurriendo todos los días".

UN NUEVO PEDIDO DE PRISIÓN

Keiko Fujimori, quien permaneció en prisión preventiva durante 13 meses hasta el pasado 29 de noviembre, afrontará este jueves una audiencia judicial en la que se analizará un nuevo pedido de la Fiscalía para que se ordene 36 meses de prisión en su contra.

La semana pasada, al conocer esta información, Fujimori afirmó que este pedido es "el regalo más perverso" que ha recibido antes de Navidad y anunció que hará "una pausa" en sus actividades políticas para afrontar las investigaciones que se le siguen.

La líder opositora dijo que el fiscal que la investiga, José Domingo Pérez, ha ampliado los cargos en su contra "para generar una cifra exorbitante de solicitar 24 años" de prisión y descartó que exista el peligro de fuga o de obstrucción a la actividad de la Justicia.

LA INVESTIGACIÓN FISCAL

Al presentar el nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva, Pérez aseguró que existen hasta 140 nuevos elementos que confirman y fortalecen su investigación contra Fujimori y que esta puede recibir una condena de 24 años y 10 meses de prisión.

El fiscal, quien hasta hace dos semanas investigaba solo la presunta comisión del delito de lavado de activos, agregó los de obstrucción a la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo.

La Fiscalía anunció que la investigación se está "acercando a la finalización" y pronto presentará una acusación para que se inicie el juicio oral de este caso, en el que personajes como el exapoderado de Odebrecht en Perú Jorge Barata han ratificado que la empresa hizo aportes ilícitos por un millón de dólares a la campaña de Fujimori de 2011.