Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

El extesorero del gobierno de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdalá Saad, confesó ante la Procuraduría General de la República (PGR) que a lo largo de esa administración se desviaron recursos públicos a compañías fantasma, pero agregó algo más: en muchas ocasiones era Karime Macías, la esposa del exgobernador, quien decidía el destino del dinero.

La declaración de Tarek  fue recabada por la PGR el pasado 23 de mayo, cuando el exfuncionario veracruzano aún estaba protegido por el fuero que consiguió como diputado federal del PRI. El testimonio forma parte de las pruebas presentadas en la audiencia del pasado miércoles, en la que el exgobernador de Veracruz fue declarado culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa.

En fragmentos de su testimonio (leído por fiscales de la PGR ante el juez) Tarek acepta que él, desde su cargo como tesorero, efectuó pagos a las compañías irregulares, pero asegura que cada transferencia que hizo fue por instrucción y conocimiento de Duarte y Karime.

“Dijo que él era el pagador, que sabía que existían las empresas fantasma… y que era Karime Macías quien decidía el pago a las empresas”, señaló una de las fiscales al detallar la confesión de Abdalá.

Tarek aseguró que el dinero se tomaba de partidas públicas que se asignaban a distintas dependencias, y que aun cuando dichas dependencias tenían carencias o servicios por cumplir, el dinero igual era transferido para los fines que decidía la pareja que gobernaba Veracruz.

Animal Político publicó  en mayo pasado que fueron al menos nueve las dependencias del gobierno de Veracruz desde las cuales se habrían transferido más de 3 mil 600 millones de pesos a compañías fantasma, operaciones que en la mayoría de las ocasiones se ejecutaban desde la Tesorería que ocupaba Abdalá.

¿Cómo se desviaban los recursos?

Para mover los recursos etiquetados de una cuenta a otra, y así ir perdiendo su rastro, Tarek confesó que había dos tipos de cuentas bancarias en la Secretaría de Finanzas de Veracruz: las específicas que era donde se recibía el recurso federal etiquetado para un fin determinado, y luego las cuentas “concentradoras”, donde se transfería el dinero etiquetado para dispersarlo conforme le ordenaban.

“Todo esto era aprobado por Javier Duarte. Por lo regular me reunía con él en las noches y me indicaba que era lo que había que transferir de una cuenta a otra… todo era para hacer más fácil que se perdiera el rastro”, expuso Tarek en su declaración leída en la audiencia.

El extesorero reconoció también que para que fuera menos obvio que el dinero era transferido a la Tesorería y desde ahí a compañías irregulares, se utilizaban recursos etiquetados de otras dependencias primordialmente de la secretaría de Educación, la de Seguridad Pública, la de Agricultura, la de Obras y la de Desarrollo Social de Veracruz.

El dinero –subrayó– era tomado pese a que dichas dependencias tuvieran compromisos de pago por cumplir y necesidades prioritarias que atender.

El exfuncionario priista reconoció que él era una de las personas de mayor confianza del matrimonio Duarte y que por ello estaba encargado de operar esta trama de los desvíos aunque, insistió, todo era por instrucciones de Karime y del entonces gobernador.

Cabe señalar que la descripción de Tarek de la forma en cómo se desviaban recursos etiquetados, concuerda plenamente con los dichos de dos excolaboradores más de Duarte que también se presentaron como pruebas en la audiencia en la que se condenó al exgobernador.

Uno de ellos fue Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, quien declaró ante la PGR que en 2014 Tarek Abdalá le dijo que “por órdenes de Duarte“ el recurso que llegara etiquetado para temas de seguridad tendría que transferirlo desde sus cuentas a la Tesorería, a lo que supuestamente se negó.

El otro testimonio fue el de Xóchitl Tress, exdirectora de Espacios Educativos del Gobierno de Veracruz, y quien dijo que en ese mismo año la tesorería de Veracruz retuvo casi 130 millones de pesos provenientes de dos fondos federales que eran urgentes para la remodelación de escuelas, pero que nunca se los entregaron pese a que se lo pidió en varias ocasiones al propio Javier Duarte.

Dinero del seguro popular, a los medios

El dinero desviado en Veracruz no solo estaba destinado para transferirlo a compañías fantasma, sino también para otros fines ilegales.

Tarek declaró que, por ejemplo, en una ocasión la Secretaria de Finanzas recibió una transferencia de más de 700 millones de pesos del gobierno federal que estaban etiquetados para el Seguro Popular, pero dicho dinero nunca se usó para ello.

“Luego de que Javier Duarte se enteró de esta transferencia acudió a la Secretaría de Finanzas y ordenó que los recursos fueron remitidos en pago a medios de comunicación”, dijo Tarek.

El también exdiputado priista confirmó que Duarte le pidió que tomara recursos para comprarle una casa y una camioneta de lujo a Xóchitl Tress, con quien el exgobernador sostenía una relación sentimental. Parte del dinero se lo entregó en efectivo a la funcionaria, y parte fue triangulado a través de empresas fantasma de la red creada por el contador Víctor López Gachuz.

Borrando la evidencia

Juan José Janeiro, abogado fiscalista implicado en los desvíos de recursos en Veracruz, también declaró en calidad de testigo en contra de Javier Duarte.  Esto a cambio de que se cancelara la orden de aprehensión girada en su contra. De acuerdo con otros testigos, fue Janeiro el impulsor del esquema de empresas fantasma como mecanismo para justificar la salida de recursos.

La mayor parte de su testimonio ya se había dado a conocer en audiencias previas, sin embargo, en la audiencia del miércoles se presentó una ampliación en su declaración en la cual confesó que se borraron registros de transferencias de recursos públicos a compañías fantasma.

Esto ocurrió, según Janeiro, luego de que en febrero de 2016 detectó que se habían transferido 350 millones de pesos de una  de las cuentas del gobierno de Veracruz a un cúmulo de empresas fachada, de donde a su vez se tomaron los recursos para fines personales del exgobernador.

“Le dije (al exgobernador) que esos pagos se iban a convertir en un problema porque no existía justificación alguna, no había comprobación, no había contratos, no había facturas, no había nada. Era puramente el flujo de efectivo sin justificación, Duarte se molestó y le pidió a Juan Manuel del Castillo (su entonces secretario particular) que lo resolviera, pero no lo hizo”, dijo.

Janeiro detalló que en septiembre de 2016, al ver que estas transferencias seguían sin tener justificación alguna, le insistió a Duarte que era un “tema gravísimo” que había que remediar. Su respuesta fue que ya no había de qué preocuparse pues se habían borrado los registros de estas transferencias.

“Y lo que me dijo es que se habían borrado los registros electrónicos de estos pagos pero yo les dije que eso no era una solución, que aun cuando se eliminaran los datos de transferencias esos ya habían dejado rastro en el sistema bancario”, señaló Janeiro.

El abogado dijo que lo último que supo de este tema es que los 350 millones de pesos fueron sustraídos del presupuesto destinado para la Secretaría de Educación.

La situación de Karime

El testimonio de Tarek Abdalá se suma al de otros exfuncionarios del gobierno de Duarte que señalan, a Karime Macías, como persona de mayor jerarquía en la estructura delictiva que desvió millonarios recursos de las arcas públicas en Veracruz, incluso por encima del propio gobernador. Sin embargo, hasta ahora, la PGR no la ha citado siquiera a declarar aun cuando sostiene que las investigaciones están en curso.

Quien ya procedió en su contra fue la Fiscalía General de Justicia de Veracruz. En mayo pasado dicha institución obtuvo de un juez penal una orden de aprehensión en contra de Macías por el presunto desvío de más de cien millones de pesos del DIF Estatal que fueron transferidos a compañías fachada.

Sin embargo, dicha orden de aprehensión no ha podido cumplirse ya que Macías se encuentra viviendo desde el año pasado en el Reino Unido junto con su familia. Por ese motivo se promovió un proceso de extradición del que hasta ahora no ha habido resultados.