La manifestación que ayer realizaron en Saltillo habitantes del municipio de Francisco I. Madero, para demandar que se castigue al Presidente Municipal de dicha demarcación, por presuntamente haber golpeado a un menor de edad, constituye un hecho que retrata bien el problema de impunidad que padecemos en México y al que Coahuila no es ajeno, por supuesto.

Los manifestantes demandaron ayer que el alcalde David Flores Levanant sea destituido del cargo y para ello exigieron la intervención del Gobernador del Estado. La petición constituye claramente un exceso, pero evidencia el nivel de hartazgo al que llegan las comunidades debido a la impunidad con la cual actúan sus autoridades.

Por un lado, es necesario tener en cuenta que, por mucho que constituya un acto agraviante el que un individuo mayor de edad agreda físicamente a un menor –sean quienes sean los protagonistas del episodio– no puede exigirse castigo para el presunto responsable sin que los hechos sean investigados y se integre un expediente del caso.

Por el otro, es evidente que la reacción de las presuntas víctimas se da en el tono que reseñamos en esta edición debido a la ingrata experiencia que muchos ciudadanos han tenido ante hechos similares, experiencia que demuestra una sola cosa de forma reiterada: quien tiene poder puede cometer actos ilegales sin temor al castigo correspondiente.

La premisa pareciera encontrar, en este caso, motivos adicionales para generar la reacción señalada pues, de acuerdo con el dicho de los familiares del menor agredido, los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado se habrían resistido a recibir la denuncia penal interpuesta en contra del Edil.

No se trata de conceder de forma acrítica la petición de las presuntas víctimas, pero tampoco se trata de dejarlas en estado de indefensión. Si alguien acude a las vías institucionales para presentar una denuncia, lo menos que las autoridades pueden –y deben– hacer es recibirla e investigar de manera imparcial los hechos denunciados.

Dejar de recibir la denuncia y –peor aún– dejar de investigar lo ocurrido, implica ofrecer evidencia en el sentido de que la justicia sólo está al servicio de quienes tienen poder y que la complicidad es la divisa fundamental con la cual actúan quienes debieran procurar justicia para todos.

Cabe esperar una rectificación puntual que ofrezca dignidad a quienes se encuentran involucrados en los hechos: a las víctimas y al denunciado, pues ambas partes pueden terminar perdiendo si no se ofrece lo mínimo esperado ante hechos como los denunciados: una investigación imparcial que deje claro lo ocurrido y castigue a quien deba recibir castigo.

Si eso no se hace, estará negándose la posibilidad de la justicia y se estará abriendo, aún más, la puerta a la estridencia y a la legitimación de excesos de todo tipo que sólo nos dañan a todos.