El día de mañana, 2 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de reconocer los riesgos específicos que enfrentan quienes ejercen el periodismo, la necesidad de abordar dicha problemática desde un enfoque global y con perspectiva de género, así como señalar que la impunidad de dichas agresiones vulnera derechos humanos y debilita la democracia.

Con alrededor de 150 periodistas asesinados desde el año 2000 y una veintena de comunicadores desaparecidos desde 2005, México es considerado el país más riesgoso para ejercer esa profesión en el continente, y uno de los más peligrosos a nivel mundial. A estas cifras se añade un nivel de impunidad del 90 por ciento en los casos de homicidio y de 100 por ciento en los casos de desapariciones, mismas que son un incentivo para los agresores ante las escasas posibilidades de ser castigados.

La impunidad se genera por múltiples factores. Algunos tienen que ver con investigaciones iniciadas en las fiscalías en las que no se atienden protocolos específicos para casos que involucran afectaciones a la libertad de expresión. Entre estos está analizar las publicaciones o las personas o intereses que pudieron verse afectados por los reportajes de la víctima, la falta de coordinación entre autoridades de distinto nivel de gobierno o el uso de estereotipos y la criminalización, tratándose de mujeres periodistas.

Un caso que ejemplifica esta situación es el asesinato documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del periodista Roberto Mora, colaborador del diario El Mañana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, quien escribía sobre narcotráfico y delincuencia organizada. Al analizar el caso advirtió que, pese a que era lógico plantearse que el crimen estaba vinculado con la cobertura periodística del comunicador, las autoridades siguieron una línea de investigación vinculada a su vida personal.

Sobre dicho asunto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó una Recomendación en 2018 en la que hizo un recuento de las deficiencias en las que incurrió la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas. Entre estas destaca la detención de dos personas vinculadas al homicidio, de los que posteriormente se acreditó su inocencia, así como el extravío de la carpeta de investigación, entre otras inconsistencias que abonaron en la vulneración del derecho de acceso a la justicia de la víctima, sus familiares y colegas.

La conformación de nuestro País como un Estado federal también genera cuestiones de competencia que pueden afectar las investigaciones. En otra Recomendación emitida en 2018 por la CNDH, se analizaron los distintos atentados cometidos contra un periodista de Baja California Sur. En el último de estos fue asesinado un escolta asignado para su protección, hechos sobre los que existían carpetas de investigación tanto en la Fiscalía Federal como en la del Estado.

La actuación de diversas autoridades en la investigación de los mismos hechos motivó que los casquillos encontrados en la escena del crimen fueran recogidos, algunos por la Fiscalía estatal, otros por la Fiscalía federal y otros por los policías que llegaron en un primer momento. Esto atomizó las pruebas y vulneró el acceso a la justicia tanto de los familiares del escolta asesinado como del periodista, quien tuvo que irse a otra ciudad por la falta de condiciones de seguridad en su ciudad de origen.

Por su parte, en los casos relacionados con agresiones a mujeres periodistas, es común el uso de estereotipos de género. La desaparición de una comunicadora en Veracruz que posteriormente fue encontrada asesinada motivó que la Fiscalía de esa entidad publicara un boletín donde señaló que se investigaba la relación personal de la periodista con un integrante de la delincuencia organizada, para restar importancia al crimen, desviar la atención sobre el asesinato y criminalizar a la víctima.

Otro caso es el de la periodista Lydia Cacho, quien en 2005, después de publicar el libro “Los Demonios del Edén”, en el que señaló la participación de autoridades y empresarios como responsables o encubridores de una red de pornografía infantil, fue acusada de los delitos de difamación y calumnia. Como parte de dicha acusación fue detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla, donde fue sometida a tortura sexual.

En julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que el Estado mexicano vulneró los derechos de la periodista a un recurso efectivo, a la igualdad, la libertad de expresión y la prohibición de la tortura, entre otros. Por tanto, ordenó a las autoridades garantizar una investigación imparcial, juzgar a los responsables y despenalizar esos delitos en todo el territorio. Las órdenes de aprehensión giradas contra un exgobernador y un empresario involucrados en los hechos aún no se han ejecutado.

Los crímenes contra periodistas afectan no sólo a las víctimas y sus familias. También generan zonas de silencio en el País ante el temor de los comunicadores de hablar sobre determinados temas. Las investigaciones eficaces y respetuosas de los derechos humanos son la única vía para abatir la impunidad y consolidar en México una libertad de expresión robusta y ejercida plenamente. Nuestra democracia depende de ello.

El autor es Director del Centro de Educación para los Derechos Humanos de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH